Desde Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de la Generalitat, su secretario Albert Batlle considera que «debería estudiarse» el sistema que opera en países como Inglaterra, mediante el cual, se vigila de por vida a determinados presos, como aquellos que han llevado a cabo delitos de tipo sexual. Inglaterra cuenta con un registro oficial de violadores y pederastas. Esta medida sería reconocida por la legislación española como «inconstitucional», al no preverse el control social de por vida, que sería comparable a una cadena perpetua en régimen abierto, según afirma Batlle.