Los vecinos de las 113 viviendas que conforman 'Las Protegidas', en Jaén capital, han acordado movilizarse para exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con la orden dictada por la Consejería de Vivienda en 2009 en virtud de la cual el Gobierno andaluz destinaba 24 millones de euros a la rehabilitación integral de estas viviendas que fueron inscritas en el 2006 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Histórico-Artístico con la oposición de sus propietarios e inquilinos.

La primera de las movilizaciones la llevarán a cabo este jueves con una concentración junto a las viviendas, mientras que el día 28 tendrá lugar una concentración en la que van a llevar a cabo una recogida solidaria de alimentos con destino al Banco de Alimentos.

Son las primeras protestas que según ha explicado en rueda de prensa el presidente del grupo de viviendas '1060-José Antonio', Juan José de la Torre, se han acordado para exigir a la Junta de Andalucía que "de una vez por todas cumpla con su compromiso".

De la Torre ha indicado que la situación de estas viviendas ubicadas en pleno centro de la capital jiennense es "alarmante", máxime cuando no han pasado la inspección técnica de edificación y el Ayuntamiento contempla el desalojo preventivo de 25 familias y el vallado de todo el perímetro de las viviendas que dan a cuatro calles de las más céntricas de Jaén. Por el momento, no hay fecha para el desalojo, pero los vecinos afectados ya han anunciado que no se moverán de sus viviendas.

"Estamos muy preocupados por los desalojos provocados por un incumplimiento de la Junta de Andalucía", ha dicho el presidente. Ha añadido que las familias están viviendo "infrahumanamente, peor que las 3.000 viviendas de Sevilla" y con la preocupación de que "el día menos pensado pase una desgracia para que entonces se den cuenta de la situación que estamos denunciando". De hecho, son varios los derrumbes que se han registrado, aunque afortunadamente hasta el momento sin daños personales.

"Somos víctimas de los partidos políticos", ha dicho De la Torre y ha añadido que los vecinos no pueden hacer frente a los 24 millones de euros que necesitan las viviendas para llevar a cabo una rehabilitación integral.

Los vecinos han agradecido también el respaldo del alcalde, Javier Márquez, que se ha comprometido a facilitar las vallas para acotar todo el perímetro. Asimismo, cuentan con él para que los acompañen a Sevilla a reclamar el arreglo de estas viviendas.

"Si la Junta no van a cumplir con su compromiso que lo digan ya y descataloguen las viviendas", ha dicho De la Torre ya que de esta forma podrían poner el caso en manos de una empresa privada como ya hicieron en su día que se comprometió a pagarles durante dos años un alquiler para construir viviendas en la ubicación actual y darles a cada uno un piso a cambio "de similares características de los que tenemos ahora, ni más ni menos".

Para De la Torre, la Junta ha dejado a los vecinos "con las manos atadas" y se están comportando como "el perro del hortelano, que ni come ni deja comer" ya que ni acometen el proyecto de rehabilitación integral que la Junta realizó en 2008 con un coste de casi un millón de euros, ni permiten a los vecinos "organizarnos por nuestra cuenta" y buscar una solución que pasa por derribar las viviendas actuales, con 70 años de antigüedad y levantar bloques nuevos.

Los pisos, según el administrador, José Luis Villagran, sufren "patologías estructurales" puesto que hay humedades por capilaridad que están provocando movimientos en el suelo y asentamientos que están afectando a los muros de carga. A esto se suma el deterioro de las techumbres y el riesgo de derrumbes en los balcones.

El regreso a las movilizaciones se produce después de que el Tribunal Supremo haya cerrado "definitivamente" la vía judicial para los vecinos de 'Las Protegidas' que recurrieron en 2014 ante este órgano la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmaba la inclusión de dichos inmuebles en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Histórico-Artístico en virtud de una resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta, de 2006.

Una vez cerrada esta vía, los vecinos recurrirán a la vía contencioso administrativa para que la Junta "cumpla la orden de rehabilitación de 2009" por la que se notificó a los vecinos la mencionada rehabilitación y que "jamás se llevó a cabo". De hecho, ya han interpuesto en octubre el primer recurso en la Junta de Andalucía pidiendo el cumplimiento del contenido de la orden de la Consejería en la que se anunciaba la rehabilitación integral como primer paso a abordar la vía de lo contencioso administrativa.