El "ambicioso" Plan de Emergencia Social contra la pobreza propuesto por Unidad Popular (UP) rescatará a 16 millones de españoles y costará, según las estimaciones previstas por los economistas que han colaborado con la formación política, alrededor de 64.000 millones de euros.

Así lo han indicado los candidatos de UP al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Rosa Magallón, Chesús Yuste y Joan Vilà este lunes, durante una rueda de prensa celebrada en la plaza España de la capital aragonesa, para informar a la ciudadanía sobre el "buque insignia" de su programa electoral: el Plan de Emergencia Social.

Se trata de una batería de medidas enfocadas a la lucha contra la pobreza general, que "afecta al 28 por ciento de la población", apoyándose en el acceso al empleo con una remuneración digna, y la garantía de "derechos sociales", como la vivienda, la energía y el agua. Desde UP "entendemos que esta pobreza se soluciona con empleo y economía al servicio de personas y no de los bancos", ha señalado Magallón.

Asimismo, desde UP han contado con las sugerencias de la población "para ahuyentar la pobreza" habitacional y energética, porque "las soluciones tienen que venir de quien está sufriendo la situación", ha explicado Vilà. Para ello, la coalición ha colocado un cartel en el que se leía el lema 'Agua, luz y techo, por derecho', donde todas las personas podían acercarse a dejar escritas sus propuestas.

"Con este programa pretendemos rescatar a las personas porque llevamos muchos años rescatando a la banca", ha afirmado Yuste. En este sentido, ha informado de que en total, entre fondos españoles y europeos, a lo largo de estos años de crisis económica "hemos invertido 100.000 millones de euros" en salvar a las entidades financieras. "Ahora es el momento de rescatar a las personas", ha aseverado.

Un millón de empleos

La número uno de UP al Congreso por Zaragoza, Rosa Magallón, ha adelantado que todas las propuestas relativas al empleo se "fundamentan inicialmente en el Plan de Empleo Garantizado". Esta iniciativa permitiría crear un millón de puestos de trabajo, "de manera coherente, sostenible y respondiendo a los intereses de la población".

Este Plan de Empleo Garantizado se centraría en la creación de puestos laborales en sectores públicos, "donde ha habido muchos recortes en los últimos años", en sectores medioambientales y de sostenibilidad, y en proyectos colaborativos y mircoempresas, "sobre todo en el medio rural, lo que ayudaría a asentar a la población", ha apuntado la cabeza de lista.

Todo ello tendría una "inversión finalista de 9.500 millones euros, que no es nada comparado con los millones dados a la banca", ha recalcado.

El segundo escalafón de ayudas al empleo respondería a un plan para parados de larga duración, al que se calcula que se acogerían "600.000 trabajadores", ha manifestado Magallón. Su jornada laboral sería de 35 horas de trabajo, de las cuales 10 horas se dedicarían a la formación, también remunerada, "para poder tener opciones de salir al mercado laboral".

UP también apoyará el empleo juvenil. "Algo básico y que no debe estar sustentado en que los jóvenes cobren menos", ha reivindicado. "No queremos que haya discriminación por edad".

1.200

Euros al mes

En cuanto al salario mínimo interprofesional, la coalición ha propuesto un incremento de casi un 40 por ciento, llegando a los 1.200 euros mensuales, "porque sin ese sueldo y sin pensiones dignas no se mueve la economía", ha sostenido Magallón.

Asimismo, UP se hará eco de la propuesta de los sindicatos de Europa de "crear un fondo de solidaridad europeo para el empleo, que tendría una inversión 2 por ciento del PIB", ha adelantado.

Por último, y "para todos aquellos que no consigan entrar en los anteriores programas y que están ya en exclusión social, estaría la Renta Básica Garantizada".

Una dotación que se tendrá que garantizar en una nueva Constitución, que blinde los derechos sociales de la población, entre ellos, "el trabajo dignamente remunerado", ha espetado Magallón, quien ha añadido que esta medida "supondrá el 1,2 por ciento del PIB, unos 12.000 millones de euros".

Parque público de viviendas

El número dos de UP al Congreso por Zaragoza, Chesús Yuste, ha

opinado que el derecho a la vivienda, que aparece en la Constitución en España, donde hay 3,5 millones de viviendas vacías, "tiene que ser un derecho garantizado y exigible a los poderes públicos". En este sentido, ha reclamado la creación de un parque publico de viviendas, que "sean suficientes en número y a un precio asequible".

Para ello, "necesitamos el censo de viviendas vacías de los bancos y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), o banco malo". De este modo se podrían "establecer los pisos de alquiler social que permitan resolver el problema de la vivienda en España", ha dicho.

Además, Yuste se ha mostrado partidario "del realojo inmediato de los desahuciados" y de la posibilidad de que desde los poderes públicos "podamos ofrecerles una alternativa habitacional", ha concluido.

Pobreza energética

La "segunda tragedia", por detrás de la vivienda, es la pobreza energética, ha expresado Yuste. "Entendemos que el acceso a la luz y a la energía debe de ser un derecho reconocido, por eso tenemos que alertar de que 7 millones de personas tienen dificultades para poder pagar recibo de la luz y del gas".

Desde UP se ha atribuido esta circunstancia "al desmesurado incremento en el precio de la energía estos años, fruto de la estafa de las compañías eléctricas, con la connivencia del Gobierno, y también la baja eficiencia energética de la mayoría de las viviendas".

La pobreza energética se ha incrementado en un 69 por ciento bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, gracias a la política errática del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha sostenido.

Frente a esta situación, UP sugiere que sea el Estado el que garantice ningún hogar "sea privado del suministro de la energía". "Y lo mismo pasa con el agua, lo que denominamos desahucios hídricos", ha declarado Yuste. La luz y el agua "son suministros básicos y deben ser reconocidos como derechos, son servicios públicos, no son mercancía".

76.000

Millones de recaudación

Para financiar estás políticas sociales se acometerá una reforma fiscal "valiente", para que paguen más los que más tienen, "con un impuesto a las grandes fortunas", ha informado Yuste.

Unas fortunas que "se han creado o aumentado durante los años de crisis, y que en este momento tienen que aportar un esfuerzo de solidaridad".

Del resto de medidas recaudatorias, el número dos de UP al Congreso por Zaragoza ha destacado la creación de un impuesto de transmisiones financieras internacionales, así como combatir el fraude fiscal y la economía sumergida.

Todo ello, según las estimaciones de los economistas de UP, permitiría ingresar 76.000 millones de euros, es decir, "bastante más" de los 64.000 millones de euros, en los que está presupuestado el Plan de Emergencia Social".