La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento de la causa seguida contra una de las empresas investigadas por presunto fraude de subvenciones concedidas por el SAE para cursos de formación al considerar que, de lo actuado, no se desprende ilícito penal.

En su escrito al Juzgado de Instrucción 6 de Almería, indica que las posibles irregularidades detectadas en la mercantil Sicma Andalucía SL, en concreto, que la retribución percibida por profesor "no corresponde" con la que luego se justificó, se enmarcarían en el ámbito "administrativo", según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Cabe recordar que el conocido como caso 'Edu' se instruye de forma paralela en los seis juzgados de instrucción de la capital almerienses ya que el Juzgado de Instrucción 4 de Almería resolvió en abril que procedía dividir la causa en 16 procedimientos, uno por cada empresa investigada, y dar traslado de 15, sólo asumió una de ellas, al Decanato para su reparto.

La decisión de la jueza María del Mar Cruz está pendiente de que se sustancie en la Audiencia Provincial de Almería el recurso de reforma y subsidiario de apelación que presentó la Junta de Andalucía, personada como acusación particular, contra ese auto aunque el Ministerio Público se ha opuesto al citado recurso.

Los cinco juzgados de Instrucción sobre los que recayeron los procedimientos plantearon cuestión de competencia ya que consideraban que las "irregularidades constatadas" tenían todas "un mismo origen en el Servicio Andaluz de Empleo" y, por tanto, existía una "conexidad procesal".

De hecho, según las mismas fuentes, el Juzgado de Instrucción 1 en un auto de mayo señalaba que era "difícil de imaginar" que 16 empresas de Almería, "que no tienen relación entre sí ya que no pertenecen al mismo grupo empresarial", hayan obtenido "subvenciones de forma irregular del mismo organismo sin que exista un elemento aglutinador".

Advertía, asimismo, de que el organismo que concedió "dichas subvenciones debía ser investigado" ya que, "en caso de no hacerlo estaríamos cerrando los ojos ante uno o varios ílicitos penales, quedarían impunes la prevaricación, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, las falsedades y la malversación de caudales públicos".

La Audiencia Provincial, con informe de la Fiscalía en contra la posición de los órganos unipersonales, ha fallado, sin embargo, dando la competencia a los juzgados que habían impugnado.

La Junta recurrió al entender también que los delitos que se investigan tienen "conexión entre sí" y, por tanto, pueden ser instruidos en "un único sumario". Argumentó, asimismo, que abrir hasta 16 procedimientos en ese momento podría "dificultar la averiguación de los hechos, y su posterior enjuiciamiento, perjudicándose en suma la justicia" y abogó, en todo caso, y en aras de "facilitar las actuaciones", por tramitar "piezas separadas por cada una de las empresas o de los funcionarios investigados".

En su impugnación, la Junta advertía, asimismo, del "peligro" del dictado de "resoluciones contradictorias" y señalaba que "podría darse el caso" de que unas "mismas autoridades y/o funcionarios se encontrasen simultáneamente imputados o desimputados por unos mismos hechos". "Y ello en 15 sumarios y causas distintas", apuntillaba.

La jueza, que desglosó lo actuado hasta el momento en 16 causas y lo remitió al Decanato de la capital para su reparto entre los distintos juzgados de instrucción, fundamentó su decisión en que no existe "relación ni concierto alguno entre las empresas y sociedades a las que se refieren los presentes autos", ni tampoco "entre las personas responsables de las mismas e imputadas por estos hechos".

Consideró así que no había "razón alguna" que aconsejase "continuar el trámite en un único procedimiento". "Antes bien por el contrario, se estima procedente la tramitación de un procedimiento separado por cada una de las mercantiles y sus correspondientes responsables para evitar la complejidad innecesaria de la causa y la indebida dilación de la misma", según ahondó.

Por contra, la Junta, personada en las diligencias previas incoadas en julio de 2014, cree que, de lo que se ha investigado, se desprende que "todas las empresas objeto de investigación son beneficiarias de subvenciones, convocadas hasta donde sabemos en virtud de una misma resolución".

Apunta, en esta línea, que los delitos investigados "guardan relación entre si, sea porque hubiera precedido concierto entre algunas de las personas implicadas, sea porque los delitos supuestamente cometidos sirvan como medio para perpetrar o facilitar su ejecución, sea porque entre los diversos delitos exista analogía".

Así, a su juicio, la elaboración de 16 informes por cada una de las 16 empresas por parte de la Policía Nacional responde "a la claridad que a tales informes se les exige" pero, según remarca, "ello no quita para que existan razones jurídicas y prácticas para mantener la unidad de la instrucción".

"INCOHERENCIAS"

Entre las razones prácticas, al margen de "un peligro de orden jurídico", la Junta alude al hecho de que ha de recibirse declaración a las personas investigadas, tomar declaración a testigos, "más seguramente informes periciales, además de otras pruebas" y, todo ello, "en cada uno de los 15 sumarios que se abran y se repartan, multiplicándose el trabajo en los juzgados".

"Esto posibilita que se produzcan contradicciones e incoherencias entre los sumarios que, a juicio de esta representación, dificultarán la averiguación de los hechos y su posterior enjuiciamiento, perjudicándose en suma la justicia".

La remisión al Decanato para reparto de lo actuado a lo largo de nueve meses bajo secreto, incluidos los informes de la Policía Nacional derivados de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', tuvo como consecuencia que todos los órganos de instrucción tuviesen competencia para dirimir si se incurrió en la comisión de presuntos delitos de fraude en subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.

Las empresas investigadas hasta ahora, además de la mercantil sobre la que se ha solicitado el sobreseimiento, son Centro de Estudios Andarax S.L.; Granaforma S.L.; Aplinfo Almería S.L.; Sicma Andalucía S.L.; Infocentro; Centro de Estudios Informáticos S.L.; Quintaeventos S.L.; Hostelería y Formación Indalo S.L.; Indalo Formación y Empleo S.L.; Inmecamar S.L.; Academia Infosol S.L.; Abakan Formación S.L.; Centro de Formación Indalo S.L.; Naos Consultoría e Información S.L.; Formación Hostelería del Sur S.L.; y Profesional de Salvamento y Socorrismo S.L.

Las pesquisas explotaron en febrero y marzo con las detenciones practicadas el marco de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', que se saldaron con 31 arrestos, entre ellos, los concejales del PSOE de Vícar, José Luis Leseduarte, y de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega, quien renunció a su acta de edil y se dio también de baja del partido.

En concreto, la Policía Nacional finalizó la operación 'Edu Costa' en Almería con la detención de 26 personas y la imputación de otra por un presunto fraude en la financiación de cursos de formación a través de 13 empresas en 2010 y 2011 con cargo a la partida 32D, reservada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Por otra parte, la operación 'Edu Centro' se saldó con cinco detenciones en Almería, una de ellas de una persona vinculada a una empresa de Jaén.