La consellera de Gobernación en funciones, Meritxell Borràs, ha acusado este miércoles al Estado de querer "amordazar y hacer sumisos" a los ayuntamientos dispuestos a aprobar mociones de apoyo a la resolución independentista avalada por el Parlament y posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional.

La consellera se ha reunido este miércoles con ediles de los cinco ayuntamientos -Girona, Igualada, La Seu d'Urgell, Celrà y Sant Cugat- denunciados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por impulsar mociones en defensa de la declaración soberanista del Parlament.

Borràs ha señalado que, si "hace un año los ayuntamientos le dijeron" al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que "estarían detrás suyo" en defensa de la consulta del 9N, "ahora somos nosotros los que les queremos decir que nos tendrán a su lado -ha dicho-".

La titular de Gobernación ha subrayado el papel "vertebrador" de los ayuntamientos y ha lamentado que exista desde el Estado "una firme voluntad de perseguirlos y criminalizarlos".

En rueda de prensa tras reunirse con los alcaldes de las poblaciones afectadas y con los presidentes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Carles Puigdemont, y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, Borràs ha aclarado que de los cinco ayuntamientos denunciados por la Fiscalía Sant Cugat es el único que aún no ha recibido ninguna notificación oficial.

Finalmente, ha exhortado a las instituciones del Estado a que "dejen en paz a los ayuntamientos catalanes para que puedan debatir sobre lo que crean necesario".

El alcalde de Girona y presidente de la AMI, Carles Puigdemont, ha declarado que no tienen miedo y ha vaticinado que rozaría el "absurdo jurídico" que los alcaldes y concejales que hayan votado estas mociones independentistas tuvieran que pasar por la Audiencia Nacional para explicar por qué lo hicieron.

Por su parte, el presidente de la ACM, Miquel Buch, se ha mostrado sorprendido por el hecho de que "los medios de comunicación citasen a los ayuntamientos investigados antes que estos recibieran las notificaciones oficiales".

Buch también ha llamado al conjunto de ayuntamientos, incluso a los que no suscriben la resolución independentista, a que se planteen "hacer mociones que denuncien la falta de respeto a los electos locales", a los que, en su opinión, se les está negando el derecho a "debatir cuestiones políticas".

En este sentido, la alcaldesa de Sant Cugat del Vallès y presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, se ha mostrado confiada, en declaraciones a la prensa, al afirmar que "esto quedará en nada". "No hemos desobedecido nada, sólo hemos hecho un debate ideológico en el seno del ayuntamiento", ha dicho.

El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente el pasado 11 de noviembre la declaración independentista aprobada por la Cámara catalana, después de ser impugnada por el Gobierno central, y la anuló definitivamente el 2 de diciembre.