La Asociación de extrabajadores de Delphi ha informado de que está estudiando emprender acciones penales contra la Junta de Andalucía, la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca) y "todas las personas jurídicas que participaron en el diseño de los contratos de formación supuestamente fraudulentos", por los que se reclama a los afectados la devolución de prestaciones y la suspensión cautelar de las mismas.

Fuentes del gabinete jurídico de la asociación han explicado a Europa Press que los actores podrían haber incurrido en "delitos de estafa, falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación, en caso de participación de funcionarios".

"Tenemos claro que queremos exigir responsabilidades, incluso penales, a los artífices de este montaje", pues "si esos contratos son simulados —en relación a los de la Fueca por la formación—, la simulación no se gestó por los trabajadores, tal y como recoge la propia Inspección de Trabajo en sus actas de infracción a la Fueca, sino que se montó a partir de la Junta de Andalucía", han enfatizado desde la asociación.

El gabinete jurídico ha apuntado, en concreto, a "la Consejería de Empleo y sus responsables en aquel momento", sin olvidar que el asunto "se tramitó a través del Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS) y fundaciones como Altedia Creade y la desaparecida Faffe", que "actuaron como intermediarias para gestionar la formación y la recolocación de estos trabajadores".

También han destacado las citadas fuentes que "en el DTS hubo participación de los sindicatos", contra quienes también se plantean dirigir las acciones judiciales.

En este punto, han recordado que la asociación, que aglutina a "unos 400" extrabajadores de Delphi, es "totalmente independiente de los sindicatos", pues su creación surgió precisamente por "la inseguridad y la desconfianza que genera cómo se está llevando a cabo este asunto y la pasividad de las partes inmersas".

Además de las acciones penales, el gabinete jurídico de la asociación ha avanzado que se plantean "acciones de derivación de cualquier responsabilidad", de manera que, "en caso de sentencias condenatorias y que los trabajadores tengan que pagar, la empresa —por la Fueca— sería solidariamente responsable".

Igualmente, han apuntado que están estudiando una posible acción de responsabilidad patrimonial, es decir, "una petición de daños y perjuicios con fundamento en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se montó todo esto".

Y es que, en opinión del gabinete jurídico de la asociación, "bajo el pretexto de ayudar a estos trabajadores, que han acabado muy mal, se ha montado un gran chanchullo".

Recursos urgentes

En cualquier caso, han indicado que dichas acciones judiciales serán un paso posterior, pues actualmente están centrados en presentar "deprisa y corriendo" los recursos individuales por la petición de medidas cautelares que existe en las demandas planteadas contra los extrabajadores por parte de la Fueca y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Según han señalado, están atendiendo prioritariamente esta cuestión teniendo en cuenta que han dado para recurrir "plazos muy perentorios", que son de "tres y diez días" en función del juzgado —los asuntos están siendo llevados en los juzgados de instrucción uno y tres de Cádiz—.

Al respecto, han argumentado que "quien ha provocado este movimiento ha sido la Fueca", que, tras ser sancionada, ha optado por "una huida hacia adelante salpicando a la totalidad de los trabajadores para marear el asunto y evitarse pagar la multa", pues ha decidido "defenderse demandando a todo el mundo" y reclamando "más de 6.000 euros a cada trabajador".

Asimismo, critican que el SEPE también ha reaccionado con "una demanda genérica para todo el mundo, sin tener en cuenta que a la mayoría de los afectados les corresponde el subsidio por derecho propio, incluso anulando los periodos de cotización supuestamente fraudulentos".

En opinión del gabinete jurídico, la actuación del SEPE es "completamente desproporcionada", y ha tildado de "aberrante" que sus representantes legales aleguen que "se ha producido un quebranto a las arcas públicas porque algunos continúan cobrando 14 euros diarios del subsidio para sobrevivir". Por tanto, "lo que quiere el SEPE es quitar a esta gente la ayuda para evitar situaciones de exclusión social", han enfatizado.

De la misma manera, han puesto en tela de juicio que los demandantes argumenten que "no se habían dado cuenta de que no eran contratos de formación, sino laborales", resaltando, además, que "en los contratos está incluso la firma del SEPE" y que los trabajadores "no han ocultado nunca nada, pues cuando se les acababa el contrato con la Fueca o por la formación emprendida con otras entidades iban con sus contratos a tramitar su paro".

Finalmente, la Asociación de Extrabajadores de Delphi ha recordado también que está "esperando sentencia" por la demanda que interpuso en su día ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la Junta de Andalucía por "inactividad" en su obligación de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos tras el cierre de Delphi en Puerto Real.