Los promotores de vivienda quieren volver a los buenos tiempos, a los mejores. Para ello han pedido un empujón a la Administración. Se trata de que el Estado y las comunidades autónomas avalen hasta el 20% del valor en la compra de un piso, de forma que la entidad financiera se lance a prestar hasta el 95% y el comprador sólo tenga que disponer previamente de un 5%. La idea la ha lanzado la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).

Se trata de uno de los principales puntos recogidos en el documento El sector inmobiliario: propuestas para el nuevo Gobierno, con el que la patronal de promotores pretende "salvar la gran barrera de acceso a la compra que para el adquiriente de primera vivienda supone tener que contar con, al menos, un ahorro del 30% del precio de la compra" para solicitar una hipoteca.

Y es que, según los promotores de vivienda, la banca abusa de su posición. Consideran que "la financiación del sector inmobiliario español está excesivamente bancarizada" y denuncia que, en tanto que gran cantidad de activos inmobiliarios están en manos de las entidades financieras, éstas "llevan a cabo prácticas que atentan contra la competencia, al dar mejores condiciones de financiación para sus activos, independientemente de la bondad del proyecto, mientras deniegan financiación a nuevas promociones con el fin de eliminar competencia".

Por ello, ven necesario que los promotores tengan acceso a otro tipo de financiación alternativa a la bancaria, menos sujeta a las problemáticas que puedan tener las entidades financieras. "Hay que incorporar y flexibilizar instrumentos como el crowdfunding, la fiducia inmobiliaria, así como facilitar el acceso al Mercado Alternativo Bursatil (MAB) y al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)", propone la APCE.

Además, la patronal de promotores constructores insta a tomar medidas para ampliar el parque de viviendas en alquiler. Propone incrementar los incentivos para las sociedades de arrendamiento de viviendas, en línea con los previstos para otras entidades que realizan idéntica actividad, estableciendo que la bonificación de la renta de alquiler se aplique a todo tipo de inmuebles y bonificando asimismo los beneficios por su transmisión, siempre que esta cantidad se reinvierta en viviendas o en otro tipo de inmuebles destinados al alquiler.

En el caso de la rehabilitación, los promotores demandan que se establezca un concepto más amplio de rehabilitación a efectos del IVA, de forma que no se excluyan las operaciones realizadas en centros urbanos donde, por exigencias urbanísticas, deba mantenerse la fachada del edificio. Más aún, apuestan por revisar la normativa tanto autonómica como municipal en este terreno, poner en marcha fórmulas de cooperación público-privadas e implementar un Programa de Desarrollo Urbano Sostenible.

En general, los promotores demandan un programa de armonización de la normativa urbanística, dada la "enorme heterogeneidad y complejidad de la legislación", que, a su juicio, "hace difícil su aplicación y genera duplicidades, plazos incumplibles y procedimientos inexplicables".