El juicio por el secuestro de un empresario maderero en Aranga (A Coruña) ha quedado aplazado hasta el 8 de febrero después de que varios acusados renunciasen a sus abogados. Esta situación se da después de que este martes ya hubiese quedado suspendida la sesión, debido a razones médicas de uno de los ocho procesados con los que cuenta la causa y la ausencia también de una defensa.

Concretamente, han renunciado a sus abogados una de las acusadas y el matrimonio de personas mayores. Esta pareja, con abogados de oficio, ha decidido ahora contratar a sus propios letrados para su defensa en el juicio por el secuestro del maderero de Cambre que permaneció retenido cinco días, que tiene lugar en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña.

El tribunal, formado por tres integrantes, decidió finalmente suspender el juicio hasta el 8 de febrero debido a que "estaba en juego el derecho a la defensa", si bien uno de los miembros emitió un voto particular alegando que podría ser una "petición fraudulenta".

También la Fiscalía se opuso a la suspensión del juicio, alegando la cuestión de posible "fraude de ley" y el abogado del empresarios secuestrado se adhirió a este petición, que finalmente no salió adelante.

Ya se había retrasado un día

La sala había retrasado un día el inicio de la sesión, que estaba previsto que diese comienzo este martes, debido al ingreso hospitalario de uno de los ocho acusados, en concreto, del propietario de la vivienda anexa al cobertizo en el que permaneció retenida la víctima.

El fiscal pide, por un delito de secuestro, diez años de prisión para José Manuel M.P.; Jesús M.P., José Miguel M.R., Ramón M.T., Jesús Manuel M.G., Isabel M.S.. La misma pena pide para Miguel M.C. y Esther S.T., en concepto de cooperadores necesarios. Por tenencia ilícita de armas, solicita para Ramón M.T., tres años más de prisión.

El Ministerio Público reclama también que se indemnice al empresario, Abel D.N., al que los acusados confundieron con su hermano, con 75.000 euros, en concepto de reparación de daños físicos y morales. La acusación particular pide 200.000 euros.