El año pasado logró cerrar 40 acuerdos entre dueños y arrendatarios y desde marzo de 2004, cuando se puso en marcha, ha intervenido en conflictos entre propietarios e inquilinos en más de 400 viviendas de la ciudad. El 90% son del casco histórico. En este tiempo ha atendido a más de un millar de vecinos afectados por riesgo de desahucio.

Los sevillanos afectados por esta presión inmobiliaria son personas de avanzada edad (la mayoría superan los 60 y 70 años), con ingresos de unos 400 euros y que llevan décadas viviendo en esos edificios por una renta muy baja.

A la hora de negociar, Otainsa tiene más opciones con los alquileres de renta antigua porque la legislación evita que los inquilinos se queden en la calle. En los posteriores a la ley de 1964 con rentas inferiores a los 300 euros mensuales, la Administración tiene menos posibilidad de acción. La fórmula para lograr acuerdos es no otorgar licencia de obra al propietario hasta que la situación de los arrendatarios quede solucionada.

700 viviendas sociales

Para los inquilinos sin recursos y para aquellos casos en que hay que realizar realojos de emergencia, Otainsa gestionará el Parque de Viviendas Sociales, que en los próximos años tendrá 700 viviendas. Pero en breve va a disponer ya de unas 40 VPO distribuidas por Pino Montano, Bermejales y Carretera de Málaga. Sus adjudicatarios serán personas de entre 70 y 80 años con ingresos inferiores a 400 euros. La renta no superará el 5% de sus ingresos.