Los sindicatos representantes de los trabajadores de la empresa mixta de limpieza de Málaga, Limasa, han solicitado al juez que declare como único convenio colectivo el del periodo comprendido entre 2010-2012 y no dé ese carácter al principio de acuerdo firmado en diciembre de 2013, que puso fin a la huelga de basura de la capital. La empresa se opone a esta pretensión.

El juicio se ha celebrado este miércoles en el Juzgado de lo Social número 8 de Málaga. En primer lugar, el juez ha rechazado suspender la vista como habían pedido los sindicatos, que alegaban que existía otra causa con el mismo asunto de fondo —en ese caso por la demanda de la empresa contra una resolución de la Junta en la que no se admitía el registro como convenio de esos acuerdos de 2013—, que está fijado para mayo de 2016 en otro juzgado social.

Los representantes de los trabajadores han pedido que se estime su demanda, en la que instan a que, una vez termine la vigencia de los acuerdos de 2013 —el 31 de diciembre de 2015— se considere único convenio el de 2010-2012, siempre que no se haya llegado a otro antes en las negociaciones ya en marcha.

Alegan que lo rubricado en 2013 fue un principio de acuerdo sólo para poner fin a la huelga y regir las relaciones con la empresa mientras se negociaba durante el periodo 2013-2015, en el que se ha aplicado. Además, han precisado que se trata de un texto que "no está ni registrado ni publicado".

Por su parte, la empresa se ha opuesto a que se considere único convenio el de 2010-2012 y ha incidido en que los acuerdos adoptados en 2013 sí deben serlo porque existió negociación, con más de 30 reuniones; y legitimación, ya que el documento fue aprobado por los trabajadores en asamblea. Además, se ha aplicado con normalidad durante este tiempo.

Ha recordado que ese acuerdo fue firmado por los miembros de la mesa de negociación en un momento en el que coincidían negociaciones por el convenio colectivo, la convocatoria de paros e, incluso, un ERTE. Asimismo, ha señalado que los acuerdos de fin de huelga también pueden tener "eficacia y validez" como convenios, enumerando resoluciones del Tribunal Constitucional al respecto.

Este letrado ha indicado que el convenio de 2010-2012 se denunció por parte de los trabajadores, por lo que es "imposible" que pueda ser vigente. También ha añadido que el registro de un documento así no es requisito decisivo para su validez y ha explicado que no se pudo inscribir por una incidencia administrativa —falta un documento—, lo que motivó que se impugnara la resolución de la administración —asunto que se verá en el otro procedimiento—.