El líder de los 'populares' cántabros y expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, asegura que el requerimiento de la Delegación del Gobierno a algunos ayuntamientos de anular contratos —ya extintos—realizados con cargo a la Orden de Corporaciones Locales de 2015 para la contratación de desempleados, no tendrá "efectos prácticos" ni consecuencias para estos municipios.

"En ningún caso va a tenerlos", ha mantenido Diego al ser cuestionado por los periodistas sobre este asunto, en el que ha acusado al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, de generar "incertidumbre", "inseguridad" y "preocupación" al alertar de la posibilidad de que los ayuntamientos requeridos tengan que devolver la subvención recibida con la que realizaron estas contrataciones, algo que el presidente del PP mantiene que es "mentira".

Diego basa su confianza en que el requerimiento de Delegación de Gobierno a estos ayuntamientos no tendrá consecuencias, ni ahora ni en el medio ni largo plazo, para éstos es que estas administraciones locales han "cumplido" con el objeto de la Orden de Corporaciones Locales pues han contratado a estos parados durante el tiempo establecido y los beneficiarios han trabajado este periodo.

Así, ha insistido en que "lo único que se cuestiona" es el procedimiento que llevaron a cabo estos ayuntamientos.

Diego ha recordado que la realización del proceso de selección que ahora se cuestiona en el caso de estos diez ayuntamientos era competencia de los ayuntamientos en la "confianza" en que les otorgó para hacerlo el Gobierno regional que él presidía.

El presidente del PP cántabro ha asegurado desconocer a qué ayuntamientos se les ha enviado por parte de la Delegación del Gobiero este requerimiento para que remitan las bases aprobadas para la contratación de estos parados y para que anulen los contratos realizados. Sin embargo, ha recalcado que "la mayoría" de los ayuntamientos "procedieron de manera adecuada en el procedimiento de selección".

La explicación del delegado del gobierno

Esto mismo mantuvo ayer el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP), que aseguró que "no son muchos" los ayuntamientos a los que la Delegación del Gobierno en Cantabria ha enviado este requerimiento.

Ruiz explicó que, en base a la denuncia presentada en Delegación por CCOO, pidió a los ayuntamientos cántabros que remitiesen las bases y el procedimiento con el cual habían efectuado las contrataciones con cargo a las ayudas convocadas por el Gobierno regional del PP a través de la Orden.

Señaló que con esa documentación la Abogacía General del Estado ha elaborado unos informes en los que "algunos ayuntamientos parece que han incumplido las bases y los principios que establece el ordenamiento jurídico español" y por ello "se les ha requerido para la anulación de las bases, en el caso de algunos, y en otros para la anulación de los contratos".

Ruiz, que no quiso dar los nombres de los ayuntamientos a los que se ha requerido, señaló que los requerimientos remitidos por la Delegación "no dejan de ser un acto administrativo más" de los que hace esta administración.

El delegado del Gobierno sí puntualizó que "las consecuencias que pueda tener" ya no son "responsabilidad" de la Delegación del Gobierno.