Las conclusiones de los informes técnicos municipales sobre las alternativas para El Pilón "dejan claro" que la única opción que da una "completa" seguridad jurídica es la modificación de la Ley del Suelo por parte del Gobierno de Cantabria.

Así se lo ha traslado este martes el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, a los grupos políticos de la oposición y a los vecinos, con quienes se ha reunido para detallarles las conclusiones de esos informes.

Díaz ha transmitido al resto de partidos de la Corporación municipal que, tal como él mismo y el alcalde, Iñigo de la Serna, comunicaron ayer a una representación de los vecinos de El Pilón -que afecta a los propietarios de 29 viviendas, algunas de las cuales no se encuentran habitadas, y de 4 locales-, "es la Ley Autonómica del Suelo la que puede y debe garantizar una regulación del derecho de realojo de los vecinos bajo un marco de seguridad jurídica y justicia social".

"Los informes de los servicios municipales jurídicos y de Urbanismo nos indican que la única vía que ofrece una completa garantía de seguridad jurídica es una modificación de la Ley del Suelo, que se podría incluir en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Regionales para 2016", ha remarcado.

Por ello, el responsable municipal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá reclamando al Gobierno regional, y al conjunto de los grupos políticos con representación en el Parlamento de Cantabria, que "se legisle un vacío que tiene la ley autonómica en cuanto a la regulación de los derechos de realojo y que afecta a todos los municipios de Cantabria, no solo a Santander".

En este sentido, ha indicado que el grupo parlamentario popular presentará una enmienda a los Presupuestos Regionales de Cantabria para que atienda a esta necesidad de reforma de la Ley del Suelo a través de la Ley de Acompañamiento.

Díaz ha precisado que, si no se acepta esta enmienda y no se reforma la normativa autonómica, los técnicos municipales han planteado la posibilidad de requerir al promotor de la actuación un plan de realojos, si bien esta alternativa no plantea la seguridad y garantía jurídica que ofrecería la reforma de la Ley del Suelo.