La conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, ha afirmado que la nueva Ley del Suelo, cuyo proyecto legislativo empieza a tramitarse en la Cámara autonómica a partir de este martes, tiene como premisa "ningún ayuntamiento de nuestra comunidad sin PGOM".

Éste es uno de los tres principales objetivos que Beatriz Mato ha explicitado en la presentación, en la Cámara gallega, de este proyecto legislativo que ha hecho suyo. La normativa comenzó a tramitarse hace unos dos años con Agustín Hernández al frente del departamento y luego fue heredado por la también conselleira Ethel Vázquez, para llegar ahora a manos de la actual responsable en la materia.

En su exposición del texto, la conselleira de Ordeación do Territorio también ha explicado que tiene como objetivo "promover y facilitar el desarrollo del medio rural" y "garantizar la máxima protección del paisaje gallego".

El documento legislativo tiene el rechazo de los grupos de la oposición que, aunque son partidarios de la necesidad de una nueva ley del suelo, entienden que este texto es "liberalizador" y "desregularización" del territorio, en palabras de Ana Pontón (BNG), y "vuelve a la barra libre", como ha dicho Antón Sánchez, en referencia a reclasificaciones y recalificaciones de terrenos públicos.

"Es una versión no sólo adelgazada, sino empeorada de la Ley del suelo actual", ha lamentado, por su parte, el diputado socialista Xosé Sánchez Bugallo, quien ha llamado la atención sobre que "elimina" las partes positivas —como definiciones—y mantiene lo "inútil, farragoso e innecesario".

Por su parte, en su primera intervención, el diputado del PPdeG Jaime Castiñeira ha fijado su atención en la intención de conseguir que todos los ayuntamientos tengan planificación urbanística y que "ninguna edificación" quede "sin rematar".

Enmiendas de devolución

Así las cosas, todos los grupos de la oposición han presentado sendas enmiendas de devolución del texto, que han sido rechazadas por la mayoría que el PP ostenta en el hemiciclo gallego. De esta manera, ha comenzado la tramitación de la normativa en el ámbito legislativo, con la presentación de enmiendas y su debate en comisión antes de regresar al pleno de nuevo para su aprobación final.

El pasado mes de julio, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había confiado en que el texto pudiese estar aprobado en seis meses y, durante el pasado debate sobre el estado de la autonomía, el mandatario autonómico apeló al "consenso" de la Cámara.

"Queremos que nazca con consenso, porque ello garantiza el desarrollo estable. Buscamos enriquecer la ley con las aportaciones de todos los grupos y es una ley que quiere garantizar que ningún ayuntamiento esté sin planeamiento", ha abundado este martes Beatriz Mato.

En este sentido, la conselleira ha hecho hincapié en que esta normativa llega a la Cámara "con el máximo consenso" y se buscó desde el primer momento un proceso de participación en el que se mantuvo un diálogo con 75 agentes sociales y la celebración de 30 encuentros sectoriales.

Al respecto, Mato ha enfatizado que se incorporaron el 80 por ciento de las alegaciones que se aportaron y, por ejemplo, el 85 por ciento de las aportaciones del Colegio de Arquitectos.

"Vale la pena hacer el esfuerzo del consenso", ha insistido la conselleira, quien ha indicado que esta normativa viene a completar las directrices del territorio y el plan del litoral, entre otras normativas de menor rango.

"urbanismo zombi"

Sánchez Bugallo ha advertido de que "el 80 por ciento del suelo rústico queda desprotegido" y este proyecto de ley es una "versión rebajada, recortada" de la anterior normativa, y no va sino a "generar más problemas". Asimismo, "abre la espita para que haya una proliferación de viviendas esparcidas", ha apostillado.

El diputado socialista también llamó la atención de que los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes "pierden competencias urbanísticas", ya que los planes básicos siguen siendo competencia exclusiva de la Comunidad, reservándose la Xunta el planeamiento de 200 ayuntamiento.

Asimismo, ha apuntado que se recuperan aspectos de la ley de 1997. "Si hacemos lo mismo, volverá a pasar lo mismo", ha alertado, en relación a la situación de la especulación urbanística, algo sobre lo que han llamado la atención todos los grupos.

En su intervención, la diputada del BNG Ana Pontón ha considerado que esta normativa promueve un "urbanismo zombi" y "lejos de solucionar los grandes problemas, da un paso atrás para el país". "Desprotege el territorio y carece de ningún consenso", ha rebatido la diputada nacionalista, para quien el texto "se aleja de la realidad del país y "restringe la autonomía municipal".

Antón Sánchez, por parte de AGE, ha dado "un suspenso" en ordenación del territorio a Galicia, con una "hiperinflación" de leyes, y ha señalado que esta normativa "no cambia nada, como si no hubiese burbuja o corrupción urbanística".

"No hubo Sanxenxo, ni Barreiros ni desahucios", ha recriminado el diputado de Alternativa, que ha pedido un desarrollo "sostenible" para el medio rural.

Falta de visión "integral"

Asimismo, el parlamentario de AGE ha lamentado la visión de la normativa es "sectorial y fragmentaria", todo lo "contrario" de una visión "integral" que es lo que "precisa el país". En este sentido, ha lamentado que se "elimina totalmente el control de nivel autonómico sobre el suelo".

La diputada del Grupo Mixto Chelo Martínez ha denunciado falta de consenso en el texto que se ha traído y ha considerado que ahora se apura la tramitación del documento por una cuestión "electoral".

Jaime Castiñeira, frente a ellos, ha aplaudido el texto legislativo y ha proclamado que permitirá acabar con el "feísmo" urbanístico, al haber una obligación de rematar las viviendas empezadas.

Además, al cabo de su intervención, ha hizo una llamada especial a los socialistas para (al menos) llegar a un consenso con este partido. Así, se dirigió a Bugallo para que "no les pase" a los socialistas como a los que "protestaron por la AP-9 y ahora les pesa" esa decisión.