Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, se han comprometido a llevar en el programa de sus formaciones y apoyar un nuevo plan estratégico nacional dentro del Sistema Nacional de Salud para erradicar la hepatitis C en España y garantizar que "nunca más" se deniegue o restrinja el acceso a un tratamiento que cure o mejore una enfermedad por motivos económicos.

El compromiso se ha sustanciado en las Cortes con la firma de un documento entre todos los grupos, a los que se ha sumado UPyD y a excepción del PP, con la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Castilla y León, en el que los partidos se comprometen a "incluir en su programa electoral, a desarrollar y cumplir si llega al Gobierno tras las próximas elecciones generales y en su caso a apoyarlo e intentar que se cumpla si forma parte de la oposición" este nuevo plan.

El texto contempla ocho compromisos, el primero de ellos el compromiso de promulgar políticas y establecer mecanismos de control y arbitraje que impidan a las empresas farmacéuticas "especular" con los medicamentos "poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas", mientras que también se contempla que todos los afectados por la enfermedad, con independencia del estadio en el que se encuentren, reciban los nuevos fármacos antivirales de acción directa (ADD) sin tener que esperar a que empeore su salud para poder acceder a ellos "como ocurre en la actualidad".

Otro de los compromisos pasa por garantizar la asistencia en las mismas condiciones que al resto a los recursos enfermos de hepatitis C (un 21,3 por ciento frente al 3 de la población total) y, por otro lado, a realizar una campaña de información, prevención, detección y diagnóstico de la enfermedad mediante la búsqueda activa de todos los afectados hasta conseguir erradicarla.

En el documento se establece el compromiso de haber tratado con estos nuevos fármacos a todos los afectados en diciembre de 2016 y establecer un plazo máximo de una legislatura para detectar y tratar a la población afectada. Todo ello, con una partida presupuestaria específica para llevar a cabo el plan estratégico destinado a erradicar la hepatitis.

Además, se contempla la constitución de una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento del plan y la dotación de un presupuesto específico para la investigación y el tratamiento de los menores afectados por el virus con el fin de erradicar la hepatitis C infantil. Asimismo, el compromiso que se establece es crear en 2016 unidades especializadas en hepatología infantil en los hospitales de las diferentes comunidades para tratar con los nuevos antivirales de acción directa a la población infantil afectada por el virus.

La portavoz de la Plataforma de Castilla y León, Esther Mate, ha reclamado que se extienda el tratamiento a todos los enfermos afectados y no sólo a los que se encuentran en los estadios más graves, los F3 y F4, y ha reclamado "cribados" de población porque la enfermedad es "silenciosa" y el 70 por ciento de la población que tiene el virus lo desconoce.

Así, considera que su reivindicación es algo "sencillo y simple", que haya tratamiento "para todos", sin discriminación alguna, como con el plan actual, que deja fuera a enfermos a los que sólo se trataría cuando tengan el hígado "muy destrozado".

Mate ha asegurado que también se trata de "presionar" a las empresas farmacéuticas para que no haya precios "abusivos" y el Sistema Nacional de Salud pueda soportar el coste de luchar con lo que ha calificado de "pandemia", para lo que ha recordado que hay mecanismos legales, ya que considera injusto que países como India y Egipto hayan presionado y tengan tratamientos por entre 600 y 900 euros mientras en España puede costar 25.000.

La portavoz de la Plataforma ha criticado que tras participar en el grupo creado para abordar la aplicación del plan nacional para el tratamiento de la enfermedad en Castilla y León al principio s prometieran cosas pero hubiera que "luchar" otras y lo "poco" que consiguieron "no se ha cumplido".

Entre otras cosas, ha explicado que no se han instalado máquinas que realicen "fibroscan", para medir la rigidez o elasticidad del hígado, que además no sólo sirve para la enfermedad de la hepatitis C, sino para cualquier patología hepática, y ha reclamado además que se dote a los hospitales de Castilla y León al menos de un servicio de hepatología infantil.

Mate ha asegurado que ya ha llegado un momento en el que exigen "solidaridad para todos" y no sólo para tratar a algunos, como se pidió, pero fundamentalmente que se dote presupuestariamente el tratamiento porque actualmente ha afirmado que se restringe por razones económicas.

Respaldo de los grupos

Tras la firma del documento, el portavoz del Grupo Socialista y secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha destacado la "lucha dura y lamentablemente larga" de las plataformas y ha manifestado el compromiso "claro" contra la enfermedad y en favor del derecho a la salud, con un tratamiento garantizado para todos.

Tudanca ha criticado que incluso haya falta de información y se haya tratado en dar respuesta a una pregunta parlamentaria sobre el número de enfermos de hepatitis C que hay en la Comunidad, que ahora saben que es más de 4.200, de manera que si se hace caso a los datos de la Consejería, sólo se trata a "uno de cada tres" enfermos.

El socialista ha expresado el compromiso de su formación a nivel nacional con esta cuestión y a que se implanten en Castilla y León inmediatamente lo que se demanda y después ya sean los responsables públicos los que busquen fondos para ello.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha destacado el "coraje" de las plataformas, que con su "ejemplo" han conseguido juntar a "casi todos" los grupos parlamentarios para garantizar un derecho constitucional como el de la salud.

Además, ha asegurado que la lucha "no quedará aquí" porque no puede ser que en el siglo XXI se primen cuestiones económicas a la salud, algo "intolerable", y ha reclamado liberar patentes para que todos los afectados tengan un tratamiento y derecho a una salud "cien por cien" pública.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos David Castaño se ha mostrado "emocionado", porque conoce la enfermedad y por ello enseguida "empatizar", y a la vez "nervioso" porque "cuando se toca el éxito con los dedos y falta una firma" parece que pueden fallar. El procurador ha devuelto su copia del documento firmado a los miembros de la Plataforma para que se lo devolvieran con la rúbrica del PP, grupo con el que han mantenido una reunión pero que no ha firmado el mismo. Castaño considera que entonces "sí sería un gran paso" para que en 2016 la pandemia sólo fuera un "recuerdo".

El procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha criticado la contradicción que supone que actualmente la ciencia y la medicina hayan avanzado más que nunca, se tenga más capacidad de curación, pero el sistema político, social y económico no permita proporcionar medicamentos por motivos económicos.

Sarrión ha incidido en que hay una solución gratuita, que pasa por liberar la patente, algo que depende sólo de una decisión política, pero siempre que se ha llevado el tema a las Cortes se ha argumentado que eso generaría problemas a las empresas que hacen negocio con esto.

Asimismo, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, ha expresado su apoyo a todas las medidas a pesar de que no se presentarán a las elecciones nacionales, y ha destacado el "inestimable" trabajo de las plataformas.

Finalmente, la responsable nacional de UPyD de Implantación Territorial, Águeda Arranz, ha criticado que a estas alturas se tenga que defender un derecho fundamental y ha abogado por blindar la sanidad desde el ámbito nacional.