El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha denunciado este miércoles que todavía son "muchos" los menores que, a pesar de encontrarse en "situaciones adversas", no pueden disfrutar del comedor escolar, "aún sabiendo que la crisis ha propiciado que este servicio haya dejado de ser un recurso para solventar problemas de conciliación de la vida laboral y familiar para convertirse en un instrumento de política de equidad educativa".

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, donde ha presentado el Informe Especial del Defensor del Menor relativo al año 2014, Maeztu ha destacado que también está pendiente extender la gratuidad del comedor escolar a determinados colegios concertados ubicados en zonas marginales que atienden a muchas familias cuyos únicos ingresos provienen de las ayudas asistenciales y cuya única comida del niño es la del propio colegio.

En materia educativa, el Defensor del Menor ha mostrado su especial preocupación por la situación que afronta el alumnado afectado por algún tipo de discapacidad, "niños que constituyen uno de los grupos con mayores riesgos de exclusión escolar y, por consiguiente, social". Así, Maeztu se ha referido fundamentalmente a los niños escolarizados en los 59 centros específicos de educación especial.

Tras denominar a estos menores como "los grandes olvidados del sistema educativo", el Defensor del Menor ha explicado que la especial vulnerabilidad de este alumnado les llevó en su momento a demandar a la administración educativa la elaboración de un plan de reordenación, modernización y calidad de los recursos educativos, "que aunque se aprobó hace varios años, su ejecución no se viene desarrollando al compás necesario y esperado".

En su intervención, el Defensor del Menor ha alertado también de que el número de sentencias impuestas a menores de entre 14 y 17 años por violencia filioparental ha aumentado un 60 por ciento cinco años en Andalucía, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de manera que el 16 por ciento de los delitos cometidos por menores son de violencia hacia sus padres.

Dicho informe recoge, además, que el Defensor del Menor ha atendido 2.889 quejas y consultas por la vulneración de los derechos de los menores durante 2014, principalmente relacionados con Educación y situaciones de riesgo social. De ellas, 2.042 fueron consultas y 847, quejas. De éstas últimas, 55 actuaciones fueron promovidas de oficio por la Institución.

Educación continúa siendo la materia que aglutina el mayor número de quejas y consultas. Un total de 325 actuaciones por problemas de escolarización, donde ha sido llamativo la dificultad de muchas familias para tener en el mismo colegio a todos sus hijos, con el consiguiente perjuicio de conciliar la vida familiar y laboral.

Se han presentado 181 reclamaciones por carencias en la atención educativas a alumnos con necesidades educativas específicas, principalmente por la ausencia de profesionales, o por la prestación de servicios compensatorios, entre otros, los comedores escolares.

También han sido significativas las 168 intervenciones por las situaciones de riego social de menores, sobre todo, en barriadas más vulnerables, con casos de pobreza infantil y necesidad de vivienda urgentes.

Otros bloques de quejas y consultas han tenido que ver con denuncias por maltrato (99); 90 casos por desamparo; 76 de Servicios Sociales y Dependencia; 48 por necesidades de vivienda, con nueve casos de desahucios; 40 por la responsabilidad penal del menor y casi una veintena de quejas en materia de salud, principalmente por el déficit de pediatras en centros de salud que lo viven los padres afectados como un deterioro de la calidad asistencias de los menores.

En relación con las quejas por responsabilidad penal del menor, Maeztu ha defendido que "no importan tanto la cuantificación de las quejas" como que la Defensoría "sabía que había un problema que las familias viven en silencio y que no quieren hacer público", de ahí que la actividad del Defensor del Menor en Andalucía "es mayor".

Así, Maeztu ha explicado que se distinguen tres tipos de violencia: violencia entre iguales —acoso escolar o ciberacoso—, violencia de género entre jóvenes, y violencia filioparental. Sobre esta última, y según datos del CGPJ, las resoluciones judiciales han pasado de las 302 en 2007 a 510 en 2013.

Igualmente, ha considerado necesario programas "específicos" que "sean capaces de medidas de intervención para restituir las relaciones rotas entre padres e hijos, y permita el aprendizaje de técnicas entre los miembros de la familias para que puedan tener una disciplina coherente", y elaborar técnicas formativa especializadas en violencia filioparental dirigida a todos los profesionales que pudieran intervenir con estas familias.

PP-A

Pide tomar en serio las conclusiones del informe

En el turno de intervención de los grupos, la diputada María Nieves Ramírez ha mostrado el apoyo "sin fisuras" de su formación al trabajo realizado por el Defensor del Menor, "un trabajo en defensa de los derechos de los niños". "Ahí siempre van a encontrar al PSOE", ha señalado la socialista, quien ha advertido de que no hay mejor solución que poner sobre la mesa los problemas, hacer un diagnóstico "serio y riguroso" y mostrar la voluntad y el compromiso de acabar con los problemas que atañen a los menores.

Por su parte, la diputada del PP-A Amelia Palacios ha agradecido el trabajo "detallado y completo" presentado por el Defensor del Menor y ha advertido de que si el Gobierno andaluz no se toma en serio las conclusiones del informe se estará haciendo "un flaco favor" a los jóvenes, quienes merecen todas las oportunidades para desarrollarse en plenitud. También ha indicado que las más de 800 quejas presentadas no reflejan el estado real de la situación porque muchas familias no manifiestan sus carencias, "al no saber cómo ni adónde recurrir".

En nombre de Podemos, la diputada Lucía Ayala ha pedido que no se hable de menores porque el término "lleva implícitas connotaciones de inferioridad", sino que se utilice el de infancia. Ha destacado que los niños no son el futuro, sino el presente y ha apuntado que para que estos se sientan felices y seguros hay que trabajar para construir un sistema de derechos garante para toda la ciudadanía, haciendo especial hincapié en un plan de emergencia habitacional, "necesario para erradicar la exclusión infantil".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz ha felicitado al Defensor del Menor y a su equipo por el trabajo realizado y ha destacado del informe los datos "estremecedores" sobre la pobreza infantil. Ha pedido a la Junta que atienda "en la medida de sus posibilidades" las recomendaciones formuladas por el Defensor del Menor "porque nos jugamos mucho en las próximas décadas".

Finalmente, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha considerado necesario que se acometan con mucho rigor "políticas de transformación" que inviertan las prioridades que parecen haber desconectado a los poderes públicos de principios "que todos compartimos en materia de menores desde un punto de vista formal".