El alcalde de Ador, Joan Faus (Gent d'Ador), la alcaldesa de Benirredrà, Loles Cardona (PSPV), así como la exalcaldesa de Real de Gandia, Vanessa Martínez, imputados en la presunta trama de corrupción en Ayuntamientos de la Comunitat, han afirmado que contrataron a una empresa de asesoramiento —investigada— por recomendación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Estos tres políticos han defendido en un comunicado conjunto que contrataron a la empresa investigada para realizar trabajos de asesoramiento económico-financiero necesarios al inicio de su gestión municipal, y lo hicieron por "recomendación expresa" de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Así mismo, han explicado que los informes y expedientes contratados se presentaron en el pleno del Ayuntamiento, fueron aprobados y se remitieron posteriormente a la Sindicatura de Comptes para su comprobación, "no habiendo sido objeto de ningún tipo de reparo de legalidad". Por ello, han subrayado la "total y absoluta legalidad" de los servicios y trabajos realizados durante su etapa de gobierno municipal.

Han agregado que desde el primer momento se pusieron a disposición de los investigadores para facilitar su trabajo y no han realizado manifestación alguna anteriormente por estar la causa sometida al secreto sumarial.

Así mismo, han lamentado que la presunta actuación irregular de una empresa con algunos ayuntamientos haya acabado implicando a todos aquellos que por indicación de la Federación de Municipios se pusieron en contacto con ella.

Los tres imputados confían en que su caso sea archivado en los próximos días y queden excluidos de una causa que —han señalado—, les es "totalmente ajena". Han añadido que confían en la justicia y en la labor de los servicios jurídicos y que se ponen a su disposición para cualquier aclaración sobre un asunto que "ya se ha prolongado demasiado en el tiempo".

Una de las imputadas, Vanessa Martínez, ha explicado que la Fiscalía inició la investigación a todos los que han trabajado con la una empresa que se investiga y que en el caso de Real de Gandia se contrató tras quedarse sin secretario municipal y por recomendación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. El caso de que hayan sido llamados a declarar como imputados y no como testigos, ha afirmado Martínez, es para, según le explicó la juez, "salvaguardar la legalidad de la investigación".