El Tribunal de Cuentas ha condenado al exconseller Rafael Blasco y otros cinco procesados en el conocido como caso Cooperación a reintegrar 1,6 millones de euros a las arcas públicas de la Generalitat valenciana, más intereses, como responsables de malversación contable.

Según consta en la sentencia de este procedimiento de reintegro por alcance promovido por la Abogacía de la Generalitat, se considera responsables directos y solidarios a Rafael Blasco, Alejandro Català, Marcial López, Marc Llinares, Tina Sanjuán y Augusto César Tauroni. Igualmente, se condena a la Fundación Cyes -sin relación con la constructora del mismo nombre- y a la firma Arcmed como responsables contables subsidiarios.

La Generalitat valenciana reclamaba inicialmente 1,9 millones de euros, si bien finalmente el Tribunal de Cuentas ha reducido esta cantidad. Igualmente, el tribunal ha aceptado el desistimiento planteado por la Abogacía de la Generalitat respecto de Josep Maria Felip.

En mayo de 2014, el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno valenciano, Rafael Blasco, fue condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en el denominado caso Cooperación. En junio de 2015, el Tribunal Supremo rebajó la pena para Blasco de ocho años de prisión a seis años y medio.

Blasco fue juzgado junto a otros ocho procesados, todos ellos condenados, por la pieza primera del caso Cooperación, referida al supuesto desvío de fondos públicos de la Generalitat concedidos en 2008 para cooperación al desarrollo en Nicaragua, si bien existen otras dos piezas abiertas, todavía en fase de instrucción.

El empresario Augusto César Tauroni, el único procesado que se encontraba en prisión -desde el 23 de febrero de 2012-, también fue condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por cooperador del delito de fraude en subvenciones, falsificación y malversación.

El expresidente de la Fundación Cyes, Marcial López, fue condenado a 4 años y a una multa de 6 millones de euros, como máximo responsable de una entidad supuestamente orientada a la cooperación que recibió 1,8 millones de subvenciones de fondos públicos para Nicaragua y únicamente entregó el 3 % de esa cantidad.

La ex secretaria administrativa de la Conselleria Tina Sanjuán fue condenada a siete años y medio de cárcel, y diecisiete años y medio de inhabilitación. El exjefe del Área de la dirección general de cooperación Marc Llinares fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, once años de inhabilitación y multa de 6.750 euros.

El exsubsecretario de Cooperación Alejandro Catalá fue condenado a una pena de cuatro años y medio de cárcel, y siete de inhabilitación, y a pagar una multa de 6.750 euros, por prevaricación administrativa en concurso con falsedad documental.

El ex director general de Cooperación Josep Maria Felip fue el único ex alto cargo procesado que eludió una pena de prisión, y fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación administrativa