La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha anunciado la puesta en marcha de una comisión de seguimiento de todos los servicios educativos que prestan empresas contratadas a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, incluidos los de los monitores. De esta manera, se velará por que el servicio educativo cumpla con todos los parámetros de calidad que se recogen en los pliegos.

Respecto a las problemáticas relacionadas con determinados colectivos de monitores que critican sus precarias condiciones laborales —el que atiende al alumnado con necesidades educativas especiales, como antes lo fue el de las monitores de auxilio administrativo—, la consejera del ramo, Adelaida de la Calle, ha expuesto en una comparecencia agrupada en el seno de la Comisión de Educación del Parlamento andaluz —cuyo aplazamiento fue solicitado por IULV-CA, al no poder asistir a la misma su representante, Antonio Maíllo— que se precisan soluciones "reales" y que "si se cometieron errores, hay que mejorar", razón por la cual se ejecutó, en colaboración con sindicatos, la redacción de nuevos pliegos con condiciones y características distintas para mejorar las condiciones, "como ya se ha hecho con los intérpretes de lengua de signos".

"Quiero cumplir con los que tenemos contratos, hechos en condiciones con las que se cumplen los requisitos", ha indicado De la Calle, para la que el trabajo realizado para atender las necesidades del sistema andaluz "se hace bien, pero es mejorable". Aunque el presupuesto está limitado por la poca consignación del Estado, "el dinero que tenemos lo empleamos al máximo de nuestras posibilidades, con un esfuerzo en lo tocante a las acciones sociales", ha manifestado.

La responsable autonómica de Educación ha recordado que el Ejecutivo contrata los servicios, y la empresa a los trabajadores, "pero deben hacerlo con carácter particular: creo que el procedimiento que se sigue es adecuado y jurídicamente correcto", expone.

Partiendo de la premisa de que se reclama el cumplimiento de convenio, "si hubiese reclamación de los tribunales, como siempre se atendería, pero hoy por hoy creemos que estamos absolutamente dentro de los requisitos legales de contratación", ha subrayado De la Calle, que también ha recordado que la Junta no cuenta con ninguna deuda a este respecto.

Como resultado de la labor de control llevado a cabo o como consecuencia de cualquier dejación de sus obligaciones por parte de la empresa adjudicataria, se podrá instruir un expediente informativo que podrá derivar en las penalizaciones recogidas en los pliegos y, desde luego, a la rescisión del contrato, según la administración regional.

En concreto, en los pliegos de prescripciones técnicas para las contrataciones a realizar a partir de 2015 se establece que las empresas adjudicatarias se comprometerán a retribuir adecuadamente a todo el personal que preste el servicio, sin que puedan abonar a los profesionales un salario por debajo de la tabla salarial vigente y actualizada.

"auténtico quebradero de cabeza"

En lo tocante a las intervenciones de los grupos, la parlamentaria popular María Francisca Carazo ha tildado el asunto de "auténtico quebradero de cabeza para la Consejería", recordando que desde que se dio el conflicto con los monitores administrativos —con cuyas empresas se rescindió el contrato, contratándose a otros trabajadores para un Plan de Choque, si bien los empleados primigenios debieron luego ser readmitidos por resolución judicial— "se sabía que iban a saltar otros casos". "Ustedes han mirado hacia otro lado", ha criticado Carazo.

Los andaluces, ha dicho, no merecen que el dinero público deba gastarse en hipotéticas nuevas readmisiones obligadas, ha expuesto la popular, que ha apuntado a la necesidad de revisar el modelo, algo en lo que "vamos tarde, porque los conflictos nos están estallando".

Desde Podemos, el diputado Jesús Rodríguez ha advertido de que o se ataca la raíz estructural del problema o "se seguirán dando patadas hacia delante y otra vez nos encontraremos, tarde o temprano, con problemas". A su juicio, la única solución viable pasa por sacar más plazas disponibles. "Hay problemas concretos que precisan de respuestas concretas, y esto no se arregla con una comisión de seguimiento", ha avisado.

La parlamentaria de Ciudadanos Isabel Albás ha recordado que los monitores juegan "un papel fundamental en la educación de nuestros hijos", razón por la que se les debe proporcionar "seguridad", con un papel determinante de la administración a la hora a la hora de controlar la adjudicación de los contratos.

Por último, el diputado del PSOE Diego Ferrera ha recordado que cualquier incumplimiento empresarial debería ser denunciado ante la autoridad laboral, como ente competente en el asunto, si bien "desde la Agencia Pública de Educación se vigila el cumplimiento de las condiciones pactadas".