La exdelegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, ha prestado declaración este martes en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Vigo, en el marco de la 'Operación Patos', que investiga la supuesta comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos y obras pública.

Según han explicado a Europa Press fuentes jurídicas, Bravo Bosch ha contestado a todas la preguntas, sin eludir ninguna cuestión, y de forma contundente, dando todas las explicaciones que se le requerían.

En el interrogatorio, en el que se han reproducido verbalmente algunas conversaciones telefónicas y mensajes, la exdelegada de la Xunta ha negado en todo momento haber ejercido presiones o influencias para beneficiar a la empresa Eiriña o a otras en la adjudicación de contratos. Asimismo, ha negado haber "colocado" o favorecido a funcionarios u otros cargos, aunque ha admitido que sí mantenía reuniones y escuchaba muchas peticiones de personas y colectivos.

Bravo Bosch ha señalado que su cargo como delegada era institucional, y que ella no tenía esa capacidad de influencia. Asimismo, ha recordado que tampoco tenía capacidad de adjudicar obras o contratos.

Relación con alonso pais

Sobre su relación con el dueño de Eiriña, Enrique Alonso Pais, a quien la UDEF considera el "conseguidor" de la trama y de quien señala su capacidad de influir sobre la delegada, Bravo Bosch ha afirmado que lo conoce desde hace años por ser "un hombre del partido".

A ese respecto, ha indicado que la relación con el dueño de la constructora era como la que mantenía con otros empresarios desde su cargo institucional. La exdelegada sí admitió haber comido con Alonso Pais y con el entonces portavoz municipal del PP, Chema Figueroa, pero ciñó ese encuentro a cuestiones internas del partido, y admitió que puso en conocimiento del presidente gallego y presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, dicha comida.

"confianza y honestidad"

A la salida de los juzgados, Bravo Bosch ha confirmado que había acudido a declarar "con toda la confianza y con toda la honestidad", y ha mostrado su esperanza de que su intervención sirviera para "aclarar" las cuestiones que se le plantearon. "Vine a aclarar lo que querían que les aclarase. Vine cuanto antes y ya está", ha indicado.

No obstante, la exdelegada (que estuvo ante la juez algo menos de dos horas) no ha entrado en detalles acerca de las preguntas planteadas ni sobre sus explicaciones "por reserva natural". En ese sentido, su propio letrado ha indicado que "el tema está 'sub iudice'" y "hay que esperar".

A preguntas de los medios sobre si estaba satisfecha y consideraba que la declaración había ido bien, Bravo Bosch ha señalado: "Yo no considero nada. He declarado y punto".

Investigación policial

La investigación policial atribuye a María José Bravo Bosch su participación en diversas irregularidades relacionadas con la adjudicación de un curso de formación a la empresa Aulatel (propiedad de otra imputada); la recolocación de un funcionario; o la supuesta mediación en favor de la constructora Eiriña para que lograse adjudicaciones tanto de la Xunta como de la Diputación Provincial, entre otras cuestiones.

Asimismo, la UDEF pone de manifiesto que la exdelegada pedía apoyos a políticos para nombramiento de ciertos cargos públicos; pedía favores para agilizar listas de espera sanitarias; intercedía ante Feijóo a petición de políticos y empresarios; etc.

Por el juzgado de instrucción número 7 de Vigo ya han pasado otros imputados en la 'Operación Patos', como Enrique Alonso Pais; su mano derecha en Eiriña, Jaime A.V.; el extécnico de Cespa, Juan Ramón A.G.; un exresponsable del servicio de Formación y Colocación de la delegación de la Xunta en Vigo, y una funcionaria de esa misma delegación. Además de Bravo Bosch, solo la funcionaria y el exjefe de Formación y Colocación accedieron a declarar.