El sindicato ELA ha iniciado acciones judiciales para "declarar fuera de la ley las decenas de convenios de formación para el empleo acordados en 2015 entre el Servicio Navarro de Empleo y las organizaciones CEN, UGT y CCOO".

En concreto, ELA registró el pasado 6 de noviembre seis recursos de alzada ante la Administración contra "otras tantas resoluciones del Servicio Navarro de Empleo, cumpliendo el paso previo para presentar demandas judiciales posteriormente".

Así lo ha dado a conocer ELA este martes en una rueda de prensa en la que han comparecido el coordinador del sindicato en Navarra, Mitxel Lakuntza, el responsable comarcal adjunto, Ivan Giménez, y la abogada Sonia Ontoria.

En opinión del sindicato, "estos seis recursos son una muestra suficiente de todo el entramado político-jurídico diseñado por los Gobiernos de UPN y PSN en connivencia con la CEN, UGT y CCOO, para financiar directamente las estructuras y los gastos ordinarios de estas organizaciones, al margen de la función inicial que debían cumplir, que es la formación para el empleo".

Según han expuesto los representantes del sindicato, "a la vista de que el nuevo Gobierno presidido por Uxue Barkos ha adelantado su intención de mantener la mitad de esta financiación (más de 5 millones de euros)", ELA ha decidido "combatir este fraude acudiendo a la vía judicial".

En este sentido, han señalado que "los recursos de alzada ya registrados por este sindicato deberán ser resueltos por la misma Administración foral", por lo que "se tratará de un compromiso directo del nuevo Gobierno, que tiene así la oportunidad de corregir las prácticas clientelares diseñadas por Sanz y Barcina o, en caso contrario, de asumirlas e incluirlas en su práctica de Gobierno".

ELA ha indicado que "la principal argumentación jurídica de estos recursos se basa en el fraude de ley perpetrado por el Parlamento de Navarra el pasado 12 de marzo, con los votos a favor de UPN y PSN y las abstenciones de PP e I-E".

"Con una modificación presupuestaria, el Gobierno consiguió cambiar el nombre y la ubicación de partidas por valor de 5,4 millones de euros para seguir otorgando estos fondos directamente a CEN, UGT y CCOO. Así intentó eludir el Real Decreto-ley que estipula tajantemente que todos los fondos públicos destinados a formación para el empleo deben adjudicarse en concurrencia abierta", ha apuntado el sindicato.

Por ello, ha agregado, "los nuevos convenios cambiaron las palabras 'curso, docente o alumno' por denominaciones como 'itinerario, cualificación o usuario, en un burdo intento de engañar a los servicios jurídicos del SNE".

"Lejos de conseguirlo, estos funcionarios echaron para atrás dichos convenios y, por ello, CEN, UGT y CCOO no pudieron impartir sus cursos ni financiarse del Presupuesto público hasta que no se cambiaron estos servicios jurídicos", ha apuntado.

Por todo esto, el sindicato ha afirmado que ha decidido "recurrir vía judicial estos convenios, que suman 4,6 millones de euros" y que defenderá "un Servicio Navarro de Empleo auténticamente público, que de verdad gestione la formación para el empleo en favor de los desempleados y los ocupados que lo precisen, sin que un euro de sus presupuestos se utilice para financiar salarios ni gastos ordinarios de la estructura de CEN, UGT y CCOO".