El PP de Valladolid propondrá mañana derogar el artículo que equipara el sueldo del alcalde al del secretario general

Al primer edil le correspondería un máximo de 90.000 euros anuales, a lo que plantean aplicar la rebaja del 15%
Los concejales del PP de Valladolid Antonio Martínez Bermejo y Jesús Enríquez
Los concejales del PP de Valladolid Antonio Martínez Bermejo y Jesús Enríquez
EUROPA PRESS
Los concejales del PP de Valladolid Antonio Martínez Bermejo y Jesús Enríquez

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha explicado este lunes que finalmente propondrá en el Pleno municipal que se celebrará mañana martes, 10 de noviembre, una enmienda para derogar el artículo 7.2 del Reglamento Orgánico que vincula el sueldo del alcalde y de los concejales a los de distintas categorías de funcionarios municipales.

Según ha explicado el presidente del Grupo Popular, Antonio Martínez Bermejo, el PP pretende que, de esta manera, "se cumpla la legalidad" pues interpretan que, dentro de la "Ley de Entes Locales", entró en vigor el pasado 1 de julio una disposición sobre los salarios de alcaldes y concejales que, para una ciudad como Valladolid, de entre 300.000 y 500.000 habitantes, sean de un máximo de 90.000 euros en el caso del primer edil.

Por ello, los 'populares' presentarán mañana en el Pleno una enmienda con la que proponen derogar el artículo 7.2 del Reglamento Orgánico que vincula actualmente el sueldo del alcalde con el del secretario general, algo más de 94.000 euros, aunque desde 2011 el alcalde de Valladolid cobra casi 83.000 euros anuales debido a que se aplica un recorte del 15 por ciento implantado por el exregidor 'popular', Francisco Javier León de la Riva.

Si se aprobase esta enmienda, que debería contar con un apoyo de la mayoría absoluta de los miembros de la corporación, el PP plantea que se proceda a fijar las retribuciones de los ediles "conforme a lo establecido" en la legislación básica de régimen local, lo que requeriría un apoyo por mayoría simple.

Así, aunque no lo explicitan en la enmienda, los 'populares' abogan por ir al máximo establecido por la disposición legal para un Ayuntamiento del tamaño de Valladolid —90.000 euros para el alcalde— y mantener una rebaja del 15 por ciento, lo que dejaría el sueldo en 76.500 euros, un 7,7 por ciento menos de lo que percibe actualmente.

Martínez Bermejo ha considerado que, aunque no hay consenso entre los grupos políticos en el mantenimiento o reducción de los sueldos, entiende que es "más fácil" acordar la supresión del artículo 7.2 porque "ningún grupo quiere que cobre vigencia" al implicar ésto que el sueldo pase automáticamente a 94.000 euros.

Por su parte, Jesús Enríquez ha incidido en que ese artículo "va en contra de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local" y ha recalcado que los concejales del PP pretenden que el PSOE "no se parapete" en ellos para bajarse el sueldo y que tampoco se escude en el Reglamento orgánico para no bajarlo.

Preguntas en el pleno

Martínez Bermejo ha detallado algunas de las preguntas al equipo de Gobierno que llevará el Grupo Popular al Pleno y que, en tres casos, pretenden que responda el propio alcalde pues consideran que se "comprometió" a hacerlo en casos que afecten a su competencia directa o a declaraciones que haya hecho.

Así, plantearán si el primer edil cree que el Ayuntamiento llegará al 96 por ciento de la ejecución de las inversiones y le pedirán explicaciones por "no haber contado" con el PP para explicarles antes de la presentación oficial el proyecto que tiene el equipo de Gobierno para la concentración motera alternativa a Pingüinos. En este sentido, han planteado dudas sobre el suelo de acampada y sobre la comunicación entre la parcela de la Antigua Hípica y la del Círculo Campestre.

Las otras preguntas tratarán asuntos como los programas de acogimiento y alquiler social y el no funcionamiento del wi-fi municipal que estaba activo en diversos espacios públicos de la ciudad.

Antonio Martínez Bermejo también ha apuntado que ha propuesto al equipo de Gobierno llevar al Pleno la adhesión al documento promovido por las Cortes regionales ante la situación de Cataluña.

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