La Fiscalía Provincial va a solicitar cuatro años y seis meses de prisión para un joven acusado de atacar a golpes y a mordiscos a su compañero de piso en el transcurso de una discusión por dinero en una vista oral señalada para esta semana en la Audiencia Provincial de Almería.

P.F.M. se enfrenta a un delito de lesiones, mientras que la víctima, P.M., será enjuiciada por una falta de lesiones por la que el Ministerio Público pide multa de un mes con una cuota diaria de 10 euros, ya que también golpeó, aunque de forma más leve, a su compañero.

El escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, recoge que ambos iniciaron una discusión en la madrugada del 14 de agosto de 2014 en el interior de la vivienda que ambos compartían en la barriada de Las Norias de Daza, en El Ejido (Almería).

Según indica el fiscal, P.F.M. había recibido "un dinero para entregar" a P.M. pero esto dio lugar a una riña en la que acometieron mutuamente.

Así, el principal acusado se "abalanzó" sobre P.M. y, "con ánimo de menoscabar su integridad física", le golpeó presuntamente en "repetidas ocasiones" y le "mordió tanto la oreja izquierda y un dedo". Por su parte, el otro acusado, con el mismo objetivo, le había pegado en varias ocasiones.

El Ministerio Público señala que P.M. sufrió como consecuencia del ataque "un menoscabo físico consistente en mordedura humana con herida abierta por desgarro cartilaginoso en el tercio superior del pabellón auricular derecho", así como la "amputación parcial" en la "zona distal o pulpejo" de la tercera falange del cuarto dedo de la mano derecha.

Precisa que las lesiones precisaron para su sanidad suturas y primera asistencia facultativa, además de controles por traumatólogo y otorrinolaringólogo, y que de ellas tardó en curar 30 días, "quedándole como secuela un perjuicio estético de carácter leve".

Por su parte, P.F.M. sufrió "dolor cervical y una excoriación frontal de cuatro centímetros" que tardó en sanar tres días y por el que interesa que se le abone una indemnización de 90 euros. En su caso, el fiscal fija la responsabilidad civil en 3.000 euros.

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