Cerca de un centenar de personas se concentraron esta tarde en la ciudad olívica, concretamente en las escaleras de la parroquia Santiago de Vigo, para protestar por la muerte violenta acontecida hace hoy un año en el piso de la calle Oporto en el que vivían Julio Anderson Luciano, de nacionalidad brasileña, y el gallego Isaac Pérez Triviño, de 26 años.

El acto reivindicativo, organizado por la Asociación de Familiares y Víctimas de Delitos Violentos (Avidev), que defiende que los culpables de asesinatos y violaciones cumplan sus penas íntegras, incluyó una concentración durante media hora en la calle García Barbón, a la que siguió la celebración de una misa en conmemoración del primer aniversario de la muerte de los dos jóvenes.

Hasta el lugar se acercaron allegados de las víctimas, así como familiares y miembros del colectivo, entre los que destacaron parientes de mujeres asesinadas en la zona, como Sara Alonso, María del Carmen Casal, o el joven Pablo Docamiño.

Un suceso no superado

En declaraciones a los medios de comunicación, la madre de uno de los jóvenes de la calle Oporto, Marta Pérez Triviño, afirmó que, para ella, el suceso "es como si fuera antes ayer".

"Creo que va a abrir la puerta y que va a volver a entrar", añadió, en referencia a las dificultades para asumir la muerte de su hijo.

Asimismo, recalcó que tanto ella como los miembros de Avided piden el cumplimiento de las penas íntegras y que "los asesinos no estén a los cinco años en la calle". En cuanto al juicio por el asesinato de su hijo y su supuesto compañero sentimental, Pérez Treviño confió en que se celebre este año, "cuanto antes mejor", aunque asumió la lentitud del proceso, ya que el juicio será con jurado popular "y es muy difícil explicarles qué pasó". "Fue una barbarie", aseveró.

Tomar nota

Por su parte, el secretario de la asociación de víctimas, Ricardo León, reclamó que la Xunta "tome nota" para que Galicia se ponga a la par de otras comunidades, como Cataluña, en cuanto a la prolongación de las penas, tal y como estudia actualmente la Fiscalía del tribunal de justicia autonómico.

Además, apeló a los jueces a dictar "condenas ejemplarizantes" para evitar nuevos asesinatos ya que, según él, la situación vigente es "una burla para el trabajo de los jueces, así como de las víctimas y los familiares".

Por otra parte, expresó su esperanza por que los juicios pendientes de asesinato en la ciudad se celebren a lo largo de este año, ya que recordó que casos como el de Maria del Carmen Casal, su cuñada, llevan esperando tres años; y que otros como el de Pablo Docamiño, asesinado en julio de 2006, tienen fijado el proceso ya para el 22 de octubre, cuando el fiscal pedirá 28 años de prisión para el presunto asesino.