La segunda fase de la Operación Fénix se salda de momento con 35 detenidos del sector de la joyería en Málaga, Córdoba, Sevilla y Cáceres, integrantes de una red que importaba oro de Suiza y ocultaba a los destinatarios de su venta en España, con lo que defraudó 154 millones de euros a Hacienda. Dos de los arrestados son de la provincia de Málaga.

La mayoría de las detenciones, 30, se han practicado en Córdoba, dos en Cáceres y una en Sevilla, aunque los investigadores no descartan que se produzcan más arrestos en otras provincias. Como consecuencia de la operación, según informa la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, se han bloqueado cuentas corrientes en 17 entidades financieras distintas, con un saldo global que supera el millón de euros, y se han requisado 150 inmuebles y fincas, en su mayoría situadas en la provincia de Córdoba.

También han sido requisadas propiedades inmobiliarias en las ciudades de Sevilla, Granada, Almería, Málaga, Cáceres y Madrid, además de diez vehículos de lujo. Las investigaciones han sido coordinadas por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y la Brigada de Delitos Monetarios de la Udef Central, y han estado dirigidas contra los responsables de esta red, que simulaban hacer la mayor parte de sus ventas a sociedades interpuestas que ellos mismos habían creado.

Los integrantes de la red se dedicaban supuestamente a importar grandes cantidades de oro desde Suiza para venderlo en España, mediante la creación de sociedades instrumentales que ocultaban a los destinatarios del oro y que no declaraban a Hacienda. El objeto de estas operaciones fraudulentas era ocultar a los verdaderos clientes, quienes con el oro comprado en negro, iniciaban un nuevo proceso de comercialización o fabricación de joyas preciosas, que escapaba al control de la Agencia Tributaria.

La principal sociedad implicada en este cuantioso fraude al erario público es, según la Policía, la mercantil Recuperaciones y Afinaciones S.L., que justificaba sus ventas con estas prácticas delictivas. Esta compañía no tributaba a Hacienda el IVA de las ventas de los productos fabricados, los impuestos sobre la renta de las personas físicas o el impuesto de sociedades en los beneficios obtenidos.

En la operación policial, han participado 100 policías de las plantillas de Córdoba, Sevilla, Málaga y Cáceres, y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Andalucía.

La primera fase

A finales de 2006, durante la primera fase de esta operación fueron detenidas 23 personas (14 en Córdoba, seis en Barcelona, una en Jaén y otra en Málaga) y se efectuaron 14 registros domiciliarios (nueve en Córdoba, tres en Barcelona, una en Málaga y otra en Jaén).

Fueron intervenidos además 70 kilos de metales y piedras preciosas, cuatro vehículos de alta gama, 62 inmuebles y fincas rústicas en diversas provincias españolas y obras de arte y cuentas bancarias, fondos de inversión y activos financieros por un valor aproximado de cuatro millones de euros.

Por su parte, la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, señaló que "hay que dejar trabajar" a los ámbitos policial y judicial dentro del marco de esta operación. La regidora municipal no quiso emitir "ningún juicio de valor" sobre la situación creada por estas detenciones y se limitó a pedir que "se deje trabajar a quien tienen que hacerlo".