La Comisión de Investigación que investiga la presunta adjudicación de parques eólicos en Castilla y León esperará a obtener la documentación solicitada para que citar a comparecer a quien se considere necesario, algo que ve "lógico" el Partido Popular, que ha hecho valer su voto ponderado para tomar esta decisión.

Así, la Comisión esperará a la llegada del informe de la Agencia Tributaria, "piedra angular" de esta cuestión, según ha explicado el portavoz del Grupo Popular en la misma, Raúl de la Hoz, quien ha aclarado que además se ha decidido solicitar los expedientes administrativos tramitados en base al decreto 189/1997 de la Junta de Castilla y León sobre parques eólicos.

De la Hoz ha explicado que todos los grupos han apoyado solicitar esta documentación de la Junta, excepto el PSOE, que ha argumentado que sólo le interesan algunos expedientes y exclusivamente la parte administrativa de 2003 en adelante. El 'popular' ha explicado que se trata de "acotar" el objeto de la investigación, para después plantear la solicitud de comparecencias y si es necesario pedir más documentación.

Así, la información que se ha solicitado supone más de 1.000 expedientes, según De la Hoz, algunos de ellos con más de un millar de páginas, lo que a su juicio justifica que "no se haga trabajar de forma insensata a la Junta" y estos no se remitan a las Cortes hasta que no llegue el informe de la Agencia Tributaria y se solicite copia de los que tengan relación con la presunta trama, todo ello "con el Reglamento en la mano".

De la Hoz, quien ha pedido ser respetuosos con los tiempos, no "precipitarse" ni "correr" para intentar sacar ventaja política, ha aclarado que se trata de que algunos no intenten convertir esto en un "circo" y además ha incidido en que se trata de un modelo de trabajo "exactamente igual" al llevado a cabo en Andalucía en la comisión sobre los cursos de formación, de manera que le llama la atención que allí sí sea válido y aquí no.

A este respecto, cree que no tiene sentido llamar a un jefe de servicio para preguntarle en una comisión sin saber en qué expedientes ha intervenido, por ejemplo, por lo que ha llamado al "rigor", que en el ámbito judicial supone obtener la documentación, su análisis, llamar a las personas que tienen relación con los hechos y saber qué preguntar y, si es necesario, también pedir más documentación. "Algunos piensan que esto es un circo", ha insistido.

Inicio de las comparecencias

Sin embargo, frente a los argumentos del PP, la oposición considera que hay algunas comparecencias que se podrían producir sin necesidad de esperar a toda la documentación e incluso el procurador socialista Javier Izquierdo considera que podría tardarse hasta dos meses en que esto ocurriera si se alargan al máximo los plazos que tiene la Administración autonómica para facilitar la documentación.

Para Izquierdo el discurso del PP es "falsario"porque dice que quiere que está dispuesto a que todo sea "transparente" y "la realidad" lo contradice en lo que ha calificado de intento de que todo se desarrolle bajo el "oscurantismo" y con un intento de "obstrucción", con hasta dos meses para que llegue documentación e incluso al tratar de que los parlamentarios "peregrinen" para consultar los expedientes.

El procurador socialista ha explicado que ha sido el único grupo que se ha opuesto a la forma de pedir la documentación que quiere el PP porque se accedería a todos, sin copia en las Cortes, lo que les obligaría a viajar por las nueve provincias, por lo que ha puesto un "cero" al PP, al igual que por evitar que comiencen las comparecencias como la que ellos consideran que podría producirse del director general de Industria, por la firma de la instrucción de avocaciones de competencias de los jefes de servicio en el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado.

Izquierdo ha criticado el "bloqueo" del PP, que consideran que continuará, y ha asegurado que de los 14 bloques de documentación que han solicitado, que pedían que se remitieran a las Cortes en formato digital para abaratar costes, y se han aprobado sólo tres, el acuerdo por el que se produce la avocación de competencias, la instrucción que se firmó en este sentido y la relación de instalaciones eléctricas inscritas en el registro especial que existe.

Por su parte, el secretario general de Podemos y portavoz del Grupo, Pablo Fernández, ha manifestado su esperanza de que el PP no ponga "trabas" ni "obstaculice" la labora de la Comisión tras oponerse a diversas peticiones de documentación que han realizado los grupos, tras lo que ha reconocido que entienden que hay "mucho volumen" y para el esclarecimiento de lo ocurrido se requiere un análisis, un estudio y "muchas horas".

A este respecto, ha pedido que se facilite la labor de los grupos parlamentarios y no se obligue a desplazarse a las delegaciones territoriales y a un "peregrinaje" a los parlamentarios, ya que es "crucial" que se facilite su trabajo mediante la centralización de la documentación en sede parlamentaria, algo que ha explicado que se abordará en la Mesa de las Cortes.

En cuanto a las comparecencias, coincide con los socialistas y con Ciudadanos en que podría haber comparecencias de determinados funcionarios como jefes de servicio y otros funcionarios, que pueden "aportar mucha luz" a la documentación sin tener que esperar a la misma, por lo que ha reclamado que se agilicen los trámites, aunque entiendan que hay mucha actividad.

Batalla pp-PSOE

Por su parte, el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado ha asegurado que están "hartos2 de la "batallita" entre el PP y el PSOE porque se trata de avanzar en los trabajos y ha instado que haya una voluntad de "ver no tanto el bosque sino los árboles".

Además, ha criticado que haya que esperar a ver la documentación para poder iniciar las comparecencias porque considera que hay información suficiente para empezar a trabajar y el resto es "dilatar" la cuestión en el tiempo, de manera que la información que se pueda obtener "carecerá de frescura" y no habrá "pragmatismo" ni "rapidez en informar".

Delgado ha reconocido que lo lógico es preguntar en base a documentación, con criterios claros, pero ha insistido en que se podía avanzar más, tras lo que ha censurado que lo que ocurre en la Comisión siempre es que todos votan una cosa y el PP utiliza el voto ponderado para deshacer el empate y no avanzar, algo que considera que se podría hacer con la información que ya se ha conocido por medios de comunicación.

Precisamente el Grupo de Ciudadanos ha dado a conocer las comparecencias y documentación que solicitan a la Comisión, concretamente la de 26 personas, de nueve administradores o socios de nueve empresas -excepto los que se encuentren en el listado de personas físicas-, además de documentación de sobre creación, socios, relaciones comerciales o movimientos bancarios de estas sociedades. Sin embargo, el PP considera que hasta que no se vea la documentación y su posible relación no se solicitarán.

Entre las personas que C's solicita que comparezcan se encuentran el ex tesorero del PP Ángel Sanchís o el secretario general del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como responsable político máximo de los 'populares', para saber qué decisiones se tomaron en el seno de la formación cuando se conocieron los nombres de los implicados.