El juez Baltasar Garzón ordenó ayer el ingreso en prisión de tres de los cuatro detenidos hace dos días en Álava por supuestos ataques de violencia callejera, a los que les imputa los delitos de integración en banda armada y estragos, mientras que ha dejado en libertad a un cuarto con medidas cautelares.

El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia nacional ha dictado prisión para tres de estos jóvenes -Gorka Velasco, de 20 años, Xabier Fernández De Gamarra, de 21 y Koldo Moreno, de 21-, y ha dejado

en libertad, con la obligación de comparecer semanalmente ante las autoridades judiciales, a

Urko Arroyo, de 24 años.

Los cuatro jóvenes, que formaban el "núcleo dinamizador" de la violencia callejera en Álava, según el Ministerio del Interior, fueron detenidos el martes, día 10, en esa provincia, en una operación coordinada por Baltasar Garzón.

Fueron acusados de haber cometido

una cuarentena de ataques en Álava desde 2004 y de estar vinculados a la organización ilegalizada Segi.

El primero en pasar a disposición judicial ha sido Moreno, que ocupaba el número 32 por Álava en la lista anulada de Arabako Abertzale Sozialistak, y quien ha sido interrogado por Garzón por espacio de media hora.

Después, a lo largo de la tarde, lo han hecho Velasco, Fernández de Gamarra y Arroyo, este último ya fue condenado por la Audiencia Nacional por colocar el 28 de abril de 2001 una bomba bajo el automóvil de un ertzaina, que no causó heridos aunque sí daños materiales.

A los cuatro

se les intervino componentes para fabricar artefactos explosivos, material propagandístico y diversa documentación de la organización ilegal Segi.

Se les imputan más de cuarenta acciones de violencia callejera, entre ellas la quema de vehículos y el lanzamiento de "cócteles molotov" contra la Subdelegación de Gobierno, Caja Vital, Caja Madrid y BBVA, entre otros establecimientos y edificios.

Por primera vez, el juez Garzón ha aplicado a presuntos miembros de ETA o de su entorno parte de las recomendaciones internacionales de prevención de la tortura a detenidos en régimen de incomunicación, que, en el caso de estos cuatro jóvenes, ha supuesto que

un médico de su elección, además de los forenses, les haya examinado sin presencia policial durante su detención en Álava.

Además, sus familiares han estado informados en todo momento del lugar en el que se encontraban, como sugiere el protocolo, el cual también incluye la videovigilancia de los detenidos durante su permanencia en dependencias policiales.

Estas medidas las puso en marcha el magistrado el pasado 13 de diciembre con once islamistas detenidos en Ceuta.