La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa Asturias) interpondrá este lunes una denuncia contra el alcalde del Ayuntamiento de Laviana y contra la Asociación de Autónomos de Laviana y la empresa "Chapó" por la contratación de vigilantes no titulados para los eventos "Food Truck" y "La carpa de los Chollos".

En una nota de prensa, Avispa acusa a los futuros denunciados de infracción "muy grave" a la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, el Reglamento que la Desarrolla y la Ley 8/2002, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Principado de Asturias y resto de normativa reguladora en vigor para la prestación de Servicios de Seguridad Privada.

Según ha explicado el colectivo, "la madrugada del sábado, se procedió a la identificación de varios individuos por parte de una Patrulla de la Guardia Civil de la Compañía de Langreo, a petición de los responsables de nuestra Asociación, los cuales estaban ejerciendo funciones de vigilancia y seguridad ilegalmente, sin la habilitación administrativa exigible ni la capacitación / formación como Vigilantes de Seguridad, obligatoria para prestar dichas actividades; de la misma manera, tampoco contaban con la autorización administrativa de la Delegación del Gobierno. Dichos individuos, se encontraban vigilando el interior y exterior de la carpa instalada en la Plaza de Ayuntamiento".

Ante la situación, "se solicita la presencia de una Patrulla de la Guardia Civil para que verifique los hechos descritos y proceda a la identificación de los individuos que desarrollaban sus funciones de manera ilegal, paso previo a la interposición de la correspondiente denuncia en el día de mañana por "intrusismo profesional" y "usurpación de funciones".

Avispa recuerda que "el ejercicio de las mencionadas funciones, especialmente en horario nocturno y en el interior de los establecimientos, corresponde en exclusiva a las empresas y personal de seguridad privada para la prevención de hechos delictivos y compete únicamente a dicho personal".

Apunta además que "el ejercicio de funciones de seguridad privada para "terceros", sin la requerida habilitación o acreditación necesaria, supone una infracción 'muy grave', cuya comisión puede suponer multas de 6.001 a 30.000 euros, independientemente de las responsabilidades civiles o penales".