El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha citado para la próxima semana a tres investigados dentro de la causa por el presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu'. Uno de ellos es el exedil de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, que dimitió tras declarar ante los investigadores de este caso.

Así, según han señalado a Europa Press fuentes judiciales, la citación es para el martes día 3 de noviembre. Las tres personas, que son el exconcejal y dos familiares, están vinculadas con una misma empresa relacionada con un negocio dentro del sector de hostelería.

El entonces edil Manuel Sánchez fue llamado el pasado mes de febrero para que fuera a declarar, junto con su mujer y su hijo, ante los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dentro de la segunda fase de la investigación del caso, denominado 'Edu costa'.

La investigación sobre Sánchez se refiere a una subvención concedida por el Servicio Andaluz de Empleo, con cargo al programa presupuestario 32D, con compromiso de contratación, de la convocatoria del 4 de noviembre de 2010, una de las analizadas por la UDEF. La ayuda otorgada a una empresa vinculada a él ascendió a 60.750 euros.

El curso era de ayudante de cocina y se impartió a través de un negocio de hostelería que tiene "con todos los requisitos" que ponía la orden, incluyendo el compromiso de contratación", según señaló en su momento el propio investigado, y se justificó ante la Junta de Andalucía, que incluso revisó el expediente y reconoció el abono de la parte que quedaba.

En el momento de la declaración ante la UDEF, el exconcejal indicó que los hechos investigados son del año 2010, "fecha en la que no ostentaba ningún cargo público". En la documentación acreditada del curso, Sánchez figura como coordinador y gestor del curso, "una figura que está contemplada en la Orden de la Junta de Andalucía".

En esta causa se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La UDEF apunta en sus pesquisas iniciales a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior de los mismos por parte de la administración regional, encargada de ello.

Los investigadores relataban en sus informes iniciales que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.

Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores, al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectar falsedades en partes de asistencia, así como falta de control de la Administración durante el desarrollo del curso y en la liquidación de las subvenciones.