El sindicato CCOO-A ha valorado las recomendaciones que el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A) ha incorporado a su informe, a instancias del sindicato, y por primera vez, además de analizar la situación social y económica se insta a la Junta a "priorizar una serie de acciones para cambiar esa realidad".

En una nota, el sindicato, como miembro del Grupo I del CES-A ha destacado que dichas recomendaciones tienen el respaldo del conjunto de las organizaciones sociales de Andalucía. Se trata de once recomendaciones que abordan temas tan importantes para Andalucía como son "el empleo de calidad, reducir la desigualdad, mantener los servicios públicos como garantes de igualdad, la dinamización de la negociación colectiva o un reenfoque del modelo productivo".

El CES-A ha presentado el Informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía 2014 en el que, por primera vez, se han incluido, por primera vez, una serie de recomendaciones al gobierno andaluz, en las que ha participado activamente CCOO-A, para que esa situación cambie.

Entre las recomendaciones está "la necesidad de que el objetivo de todas las administraciones y de sus políticas económicas sea la generación de actividad económica y la creación de empleo estable, y el de sus políticas sociales reducir la desigualdad y erradicar la pobreza".

El informe, que detalla la situación que ha vivido Andalucía en 2014 "constata la realidad que desde CCOO venimos denunciando, con un aumento de la precariedad laboral, la desigualdad y pérdida de participación social". También considera "preocupante" el hecho de que "en momentos de máxima necesidad como el actual, no se haya ejecutado en su totalidad el presupuesto de la Comunidad".

Por ello, el sindicato considera "imprescindible" la articulación de "un marco legal laboral estable en el tiempo y una orientación favorable a la negociación colectiva donde el consenso sea el 'alma mater' de las decisiones".

Otra de las recomendaciones planteadas hace referencia a "la necesidad de un marco institucional que garantice el ejercicio de la política autonómica con una reforma del actual sistema de financiación de manera que los recursos se otorguen en proporción a la población de cada Comunidad, con un esfuerzo fiscal similar para todos los ciudadanos y la garantía de igualdad en el acceso y prestación de servicios públicos y de protección social con una renta básica de acuerdo a nuestro Estatuto de Autonomía".

La industria y el sector empresarial también cobran especial relevancia en las consideraciones al Gobierno andaluz ante "la necesidad un cambio del modelo productivo de Andalucía donde conviva el apoyo a los sectores estratégicos emergentes como la modernización de los sectores tradicionales y el fomento de la implantación de grandes industrias, al ser el aumento de tamaño de las empresas uno de los principales objetivos a alcanzar para ser más competitivos". No obstante, se apuesta por "una política de incentivos condicionada por un retorno social en forma, por ejemplo, de creación de empleo estable y de calidad".

Por último, para que todas esas medidas sean verdaderamente efectivas, se aboga por "un sistema de evaluación de las políticas públicas" así como por una mayor participación en la elaboración de las mismas de los agentes económicos y sociales, a través de una Ley de Participación Institucional, como existe en otras comunidades.