El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido en Valencia con los padres de Rocío López Agredano, una joven asesinada por su pareja en noviembre de 2008 cuando ella tenía 25 años. El marido fue condenado a 20 años de cárcel, periodo en el que no se le ha autorizado disfrute de permiso penitenciario alguno, y a pagar 180.000 euros a la familia de la víctima, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Los padres de la joven, en una reunión mantenida este miércoles en la sede de Delegación del Gobierno, trasladaron a Rafael Catalá sus inquietudes "en torno a la clasificación penal de los homicidas y asesinos por violencia de género y al cumplimiento íntegro de las penas impuestas".

El ministro, por su parte, les indicó que a lo largo de esta legislatura se han dado "pasos importantes" en la lucha contra la violencia de género como la aprobación del Estatuto de la Víctima, la regulación del acoso y el endurecimiento de las penas por violencia de género en la reforma del Código Penal.

No obstante, el ministro reconoció que queda "mucho camino por recorrer" y se comprometió a realizar el "máximo esfuerzo para adecuar las leyes a la realidad social y a seguir trabajando en la prevención, educación y represión para evitar casos de violencia de género", según su departamento.

En esa línea, les trasladó la actividad que desde 2002 realiza el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género cuyo principal objetivo es "aumentar la eficacia de las actuaciones en el ámbito de la administración de Justicia para la erradicación de este tipo de violencia".

Contacto "permanente y directo"

Asimismo, Catalá les ofreció la posibilidad de mantener un contacto "permanente y directo" con el Ministerio de Justicia a fin de "poder valorar y tener en cuenta las iniciativas y propuestas de los familiares de víctimas de violencia de género de cara a futuras reformas legislativas".

En la reunión estuvieron presentes también el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, y el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra.

Un tribunal popular declaró culpable por unanimidad a Jairo Alfonso C.O., natural de Colombia, de la muerte de la joven Rocío López Agredano, con quien se había casado en octubre de 2005 sin que sus padres lo supieran. La víctima convivía con sus padres y su hermano en el domicilio familiar en Castellón y los fines de semana los pasaba con su marido en Valencia.

En noviembre de 2008, Rocío López comunicó a su marido su intención de poner fin al matrimonio, decisión que le contrarió. El día 30 la convenció para que fuera a su casa en Valencia donde acabó con ella de más de puñaladas con un arma blanca. La Audiencia de Castellón impuso al marido 20 años de cárcel por el asesinato.