La portavoz parlamentaria de IU-Aragón, Patricia Luquin (grupo mixto), ha afirmado este lunes que la "música" del anteproyecto de ley de medidas tributarias para garantizar los servicios públicos, que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma aprobará este martes, "suena bien", pero ha pedido "coherencia" al grupo municipal socialista de Zaragoza en materia impositiva.

En declaraciones a los medios de comunicación ha señalado que la "declaración de intenciones" publicada este domingo —no se ha registrado en sede parlamentaria la iniciativa legislativa— "va muy ligada a la filosofía que ha tenido IU a lo largo de la pasada legislatura".

Luquin ha expresado que "tener una mayor capacidad recaudatoria lo que hace es garantizar determinado tipo de políticas", por ejemplo la subida del umbral de renta mínimo para recibir becas escolares, o la construcción de los hospitales de Teruel y Alcañiz.

Ha insistido en que su grupo siempre ha defendido que el Gobierno tuviera más capacidad de recaudación para llevar a cabo las políticas públicas esenciales, en alusión expresa a la Educación, la sanidad, la Ley de Atención a la Dependencia y las políticas activas de empleo, considerando que "era necesario" modificar la línea impositiva de los últimos cuatro años (PP-PAR).

"La primera buena noticia es que esa dinámica se rompe" y que el Ejecutivo trabajará para cambiar las últimas decisiones del anterior Gobierno, ha dicho.

Ha destacado algunos aspectos de la reforma impositiva, como la recuperación de la tasa para el transporte por cable, puntualizando que "se puede ser más audaz", o la reducción del umbral de los impuestos de sucesiones y donaciones, y de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Aunque inicialmente IU apoya la propuesta de reforma, Luquin trabajará para "ir más alllá" en el gravamen de las rentas más altas y la incorporación de nuevos impuestos, como uno para las grandes superficies y las instalaciones eléctricas de alta tensión.

Ha propuesto rebajar el umbral del aumento del IRPF, que el anteproyecto de ley fija en 90.000 euros anuales, para situarlo entre los 65.000 y los 70.000 euros, para "hacer pedagogía fiscal", reforzando no solo el carácter redistributivo, sino también la progresividad.