Así lo establece el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía remitido por el Consejo de Gobierno de la Junta al Parlamento el pasado 15 de octubre y que aún no ha iniciado su tramitación en el Pleno de la Cámara.

Dicho texto, consultado por Europa Press, incluye una ampliación de la Ley General de Hacienda Pública para fijar que "no podrán ser beneficiarias de subvenciones aquellas personas físicas o jurídicas sancionadas por resolución administrativa firme por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la Memoria Democrática de Andalucía".

Para garantizar el cumplimiento de esta medida, el proyecto de Ley prevé la puesta en marcha de una base de datos por parte de la Consejería de Cultura "que permita cruces informáticos para el seguimiento y comprobación de aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sido sancionadas por resolución administrativa firme" en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Régimen sancionador

Entre las infracciones de carácter leve, con sanciones entre 200 y 2.000 euros, la futura norma incluye aspectos como la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos; impedir la visita pública a Lugares de Memoria o dañar los espacios o el mobiliario así catalogados.

Por su parte, las infracciones de carácter grave, con multas de entre 2.001 y 10.000 euros, se refieren a actitudes como incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas; no conservar o realizar obras en los lugares de memoria democrática; trasladar restos humanos sin autorización, o no informar de su hallazgo casual.

Finalmente, el régimen sancionador de la norma fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, las excavaciones sin autorización o la destrucción de fosas.

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