El Tribunal de Cuentas celebra este lunes el juicio ordinario en el marco del procedimiento de reintegro por alcance que se sigue por el pago "injustificado" de cheques girados contra una cuenta corriente de Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Almería en Almería contra el ex delegado del ramo Clemente García y el funcionario del mismo departamento Miguel G.L.

En la audiencia previa celebrada en septiembre la letrada de la Junta andaluza ratificó en todos sus extremos la demanda que presentó ante la Sección de Enjuiciamiento, quedando fijada la responsabilidad contable en 220.000 euros para Miguel G.L. y en 41.000 euros, más intereses, para Clemente García.

A la audiencia previa no acudieron ni el funcionario ni su representación letrada aunque ya estaba declarado en rebeldía por el tribunal ya que no cumplimentó el trámite de contestación a la demanda que presentó la Junta ni presentó prueba.

El abogado de quien fue responsable de Medio Ambiente de la administración autonómica en Almería hasta julio de 2010 presentó sus alegaciones y reitero la prueba presentada para exonerar a su cliente. En concreto, adjuntaron facturas y copia de los cuadernillos insertados en prensa que demostrarían que la cuantía por la que se le piden responsabilidades contables se destinó efectivamente a la contratación de trabajos publicitarios.

Fue precisamente la administración autonómica la que puso en conocimiento de Tribunal de Cuentas, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, presuntas "irregularidades" que se habían detectado en una cuenta bancaria "sin fiscalizar" hasta 2013 y en la que se ingresaba el canon forestal.

El Departamento Segundo la Sección de Enjuiciamiento acordó, asimismo, pedir testimonio al Juzgado de Instrucción 1 de Almería de la causa penal que investiga estos mismos hechos para dirimir si existió malversación de caudales públicos entre los años 2009 y 2012.

Las investigación penal aún no ha entrado en fase intermedia y, de hecho, el pasado jueves, tuvo que volver a comparecer en sede judicial el funcionario Miguel G.L. en calidad de imputado y a raíz de las conclusiones del informe ampliatorio que ofició la jueza instructora para indagar en su patrimonio.

"burlar" el control de la agencia tributaria

Según lo que ha trascendido de la instrucción, de la cuenta investigada, sin fiscalizar y en la que se ingresaba el canon forestal que se cobra a cazadores, madereros y particulares, se retiraron "paulatinamente" cheques por diversas cuantías. Un 85 por ciento de esta tasa revertía en los ayuntamientos mientras que el 15 por ciento iba a parar a las arcas de la administración autonómica.

La mayor parte de las disposiciones se habrían efectuado por cantidades inferiores a 3.000 euros para "burlar el control de la Agencia Tributaria" y muchas de extracciones habrían tenido lugar "el mismo día" y "a intervalos de escasos minutos" sin que, al parecer, en los cheques depositados "se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica".

La instrucción apuntaría fundamentalmente al funcionario, sobre todo a raíz de esta última pericial aportada a la causa que señala, en la primera remesa de 'cheques' de 2009, "correspondencias" entre las cantidades cobradas en efectivo con cargo a esa cuenta autonómica y los ingresos realizados con poca diferencia en el tiempo por Miguel G.L. en cuentas de las que era titular. A eso se une que las disposiciones también se prolongaron en el tiempo con diferentes personas al frente de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y él como supuesto "denominador común".

La denuncia que interpuso la Junta de Andalucía, y a raíz de la que se incoaron diligencias previas por indicios de malversación de caudales públicos, recogía que con Clemente García al frente de la Delegación de Medio Ambiente se produjeron movimientos por valor de 180.000 euros.

Mientras, con su sucesora en el cargo, para quien la jueza dictó el sobreseimiento de las actuaciones en abril de 2014 al no apreciar responsabilidad en ella, los movimientos alcanzaron unos 104.000 euros al tiempo que con quien ha sido hasta hace poco responsable del departamento y promotor de la denuncia como perjudicado, José Manuel Ortiz Bono, la cuantía habría alcanzado los 40.000 euros.