Miles de valencianos que han comprado una vivienda de segunda mano están recibiendo cartas de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico en la que se les reclama una liquidación complementaria de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Este fenómeno se repite año tras año pese a que la Generalitat, que tiene transferidos estos tributos, ha tomado medidas para mitigar su impacto.

En concreto, y según confirman fuentes de este departamento, entre enero y octubre de este año se han registrado 40.714 declaraciones complementarias, un 3,3% más que en el mismo periodo del ejercicio pasado, cuando por estas fechas se habían realizado 39.412 procedimientos.

Estos pagos adicionales son consecuencia de la drástica bajada de los precios por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y corresponden al ejercicio fiscal de 2014, cuando adquirieron el inmueble. Como la mayoría de los ayuntamientos no han actualizado todavía a la baja los valores catastrales, hinchados en muchas ocasiones en tiempos de bonanza para recaudar más, la Generalitat aplica a esta cifra un coeficiente, que varía por municipios, y el resultado es un supuesto precio del piso por encima del valor de mercado, por lo que la Administración obliga a pagar impuestos por esa diferencia.

En la ciudad de Valencia, por ejemplo, donde la última revisión catastral data de 1998, el coeficiente aplicable en 2013 era del 4, para 2014 lo ha rebajado a 3,25 (el que se está reclamando en la actualidad) y para los inmuebles que se liquiden en el ejercicio 2015 prevé aplicar un 2,85. Un piso cuyo valor catastral sea de 50.000 euros debe pagar en la liquidación de 2014 como si costara 162.500 euros a ojos de Hacienda, cuando un comprador ha podido pagar 150.000 euros. Por esa diferencia se le reclama por escrito la nueva liquidación del impuesto.

Este método de valoración se aplica, según la orden vigente, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana (quedan excluidos los rústicos) y, dentro de ellos, tampoco se incluyen los solares, las viviendas unifamiliares, las naves industriales ni los edificios protegidos. Es decir, se limita a los pisos urbanos de segunda mano, dado que los nuevos no pagan el impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), sino IVA. También afecta a las plazas de garaje y a los trasteros que normalmente pueden llevar aparejados, y que también tributan de forma separada.

El listado con los coeficientes de cada municipio se encuentra disponible en la página web de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, tanto los aplicables al ejercicio 2013 como los de 2014, que han bajado, y los previstos para 2015. En ese mismo apartado también se ha habilitado una herramienta para calcular el valor real de los inmuebles en función del año de compra y del municipio.

La decisión se puede impugnar y, en ese caso, un perito debe acudir a la vivienda para hacer una valoración de la misma. Fuentes jurídicas consultadas por 20minutos recomiendan, por defecto, efectuar una reclamación en cuanto se notifica la declaración complementaria al interesado, de modo que se paralice el procedimiento.