El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves por unanimidad una proposición no de Ley del PSOE-A en la que insta a la Junta a que ponga en marcha, a través de una orden, un protocolo desde el sistema sanitario para garantizar a toda persona que lo solicite la posibilidad de identificación de la relación de causalidad entre la malformación que presenta y el uso de talidomida, así como la atención sanitaria que necesite. Se ha pedido una base de datos y sistema informático que permita conocer el número de afectados por la talidomida.

De igual manera, se insta a la Junta a que conceda medalla de Andalucía en 2016 a madres y padres de los afectados andaluces por la talidomida, porque las acciones, servicios y méritos excepcionales realizados por los familiares de dichas personas constituyen un ejemplo de virtud individual y colectiva, modelo de solidaridad y asistencia incuestionable.

Asimismo, se ha reclamado que se consiga para las personas afectadas una reparación moral y social derivada del daño causado a este colectivo, independientemente de las medidas que se adopten a este respecto en el ámbito estatal y de las medidas ordinarias que existan en temas asistenciales o de dependencia.

"Aún no siendo la Junta de Andalucía responsable directa, pero sí como representante autonómico del Estado, tenemos la oportunidad y el deber de corregir lo que se ha hecho mal y tratar de resarcir con medidas concretas la injusticia que nuestros ciudadanos vienen sufriendo desde la más absoluta negligencia, silencio y abandono", ha indicado la diputada del PSOE-A Olga Manzano, que ha defendido la iniciativa.

De otro lado, se ha instado a la Junta a demandar al Gobierno central que revise el Real decreto por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965, puesto que se abordó de una forma "incompleta, con errores en las fechas de expedición y en el protocolo médico así como la falta de garantías en la viabilidad económica que respondiese de por vida a la situación los afectados y afectadas".

De igual manera, considera que el Ejecutivo nacional debe reconocer, asumir y reparar los daños y las discriminaciones que este colectivo de afectados ha sufrido durante su vida. La Cámara entiende que el Gobierno debería presentar una demanda judicial contra el laboratorio alemán Grünenthal como principal responsable del daño ocasionado a las personas afectadas.

Por su parte, la diputada del PP-A Patricia del Pozo ha manifestado que los representantes públicos tienen la obligación de ocuparse del colectivo de afectados, que, cargado de razón y argumentos, ha sido constante en sus demandas, sin caer nunca en la demagogia y con un respeto escrupuloso a las reglas del juego democrático.

Ha indicado que el caso de la talidomida ha sido una

"gran indignidad" para toda la sociedad y la humanidad, que tendría que asumir especialmente la empresa que distribuyó el medicamento, y también las administraciones públicas, que no supieron controlar los efectos adversos del fármaco ni su distribución masiva. Del Pozo ha abogado por que haya una ayuda económica desde la Junta a las casi 60 personas afectadas en Andalucía.

La parlamentaria de Podemos Esperanza Gómez ha indicado que se ha cometido una "injusticia" con las personas afectadas por la talidomida que se tiene que reparar y ha denunciado la "nefasta gestión" del Estado español ante este asunto. Ha insistido en que estas personas tienen derecho a una reparación moral, social y económica.

El diputado de Ciudadanos José Antonio Funes ha manifestado que el caso de la talidomida es, sin duda, una "vergüenza nacional" que las víctimas han sufrido en silencio con gran dignidad. Ha manifestado que, sin duda, se tiene que reparar el daño ocasionado.

La diputada de IULV-CA Carmen Pérez ha denunciado que los

distintos gobiernos de este país han "ignorado" a los afectados, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, donde sí han tenido un reconocimiento social y se han puesto en marcha mecanismos de compensación. Ha considerado que los presupuestos andaluces de 2016 podrían contemplar una partida para las 54 personas afectadas en esta comunidad.