El Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una moción defendida por el grupo parlamentario de IULV-CA por la que se pide a la Junta abordar las modificaciones legislativas pertinentes o desarrollos reglamentarios necesarios que aporten soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica, lo que incluye prohibir los cortes de agua domésticos para aquellos colectivos que no pueden hacer frente a su pago.

En virtud de la iniciativa, que ha sido aprobada parcialmente por todos los grupos, se pide a la Junta avanzar en la información sobre el balance hídrico y las demandas, superando las estadísticas que publica la Consejería de Medio Ambiente, pasando de obtener el índice de consumo regional a lograr sistematizar y ofrecer de manera estructural el consumo mensual y anual de agua para abastecimiento en todos y cada uno de los municipios andaluces.

Este objetivo persigue, como expone en la moción, poder diagnosticar la situación real de consumo y usos en los distintos territorios, calcular de manera exacta las dotaciones por habitante, las pérdidas en la red y otros indicadores de eficiencia y evaluar el efecto de las acciones de concienciación y sensibilización ciudadana.

Asimismo, pide abordar, en colaboración con los ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones y otros órganos de gestión, un plan de reducción de pérdidas en las redes de abastecimiento urbano, así como desarrollar un plan de gestión integrada de la información sobre las masas de aguas y establecer una moratoria sobre los proyectos de trasvases y grandes presas en Andalucía.

Mientras, en función de lo establecido en la Ley de Aguas de Andalucía sobre reservas fluviales, se instará al Consejo de Gobierno a aprobar un catálogo de ríos y tramos fluviales reservados, con exclusión parcial o completa del otorgamiento de concesiones, por su interés ambiental y estado de conservación, antes de un año; garantizar la determinación del régimen de caudales establecido para cada río y tramo fluvial a partir de estudios específicos que atiendan al criterio de conservación o restauración del buen estado ecológico, así como el cumplimiento efectivo del régimen de caudales ambientales potenciando las labores de vigilancia y control del dominio público hidráulico y el cumplimiento de las condiciones de cada una de las concesiones y autorizaciones existentes y de la normativa en vigor.

De otro lado, se pondrá en marcha, de manera urgente, el Observatorio del Agua; contemplar, sin menoscabo de lo recogido en la Ley de Aguas, en lo relativo a las atribuciones del Observatorio en lo referente al ciclo urbano del agua, tres vertientes: económica, operacional y medioambiental, de manera que su principal misión sea garantizar que la estructura de las tarifas aplicadas sean homogéneas para todo el territorio, transparentes, socialmente aceptables y económicamente sostenibles para las entidades gestoras.

También contempla la moción modificar la Ley de Aguas de Andalucía a fin de prohibir la utilización de los cánones concesionales; a la par que crear un servicio dependiente de la Junta dedicado a auxiliar a los entes locales que quieran iniciar procesos de remunicipalización del servicio del agua.

Apuesta también por establecer acuerdos de colaboración público-público con los operadores públicos de agua que conlleve la adopción de un plan que promueva inversiones urgentes en saneamiento y depuración para la culminación de las trescientas obras de interés de saneamiento y depuración en la Comunidad.

Asimismo, el Parlamento reclama la planificación y puesta en marcha de todas las actuaciones necesarias, en colaboración con la CHG, para la recuperación urgente del buen estado ecológico de las aguas y el funcionamiento hidrogeológico del acuífero 27 de Doñana y todas las aguas subterráneas que sufran problemas análogos.

La moción contempla proceder a una profunda revisión del Plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos de Andalucía, considerando prioritarias para ello actuaciones y medidas destinadas a atajar el problema en origen, para lo cual resulta imprescindible su coordinación con la normativa de ordenación territorial y urbanística relativa a la red hidrológica; así como su adhesión al Pacto Social por el Agua y su compromiso con los contenidos y acciones recogidos en dicho pacto.

Además, se han añadido una serie de enmiendas de Podemos que contemplan mejorar la transparencia en la gestión del agua, en particular en lo que concierne a la gestión de los recursos, usos del agua o concesiones de la Administración; sustituir políticas de gestión de los recursos hídricos basadas en el aumento de la oferta por otras basadas en el control de la demanda; realizar una auditoría de la gestión del agua en las demarcaciones Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y de las cuencas mediterráneas andaluzas.

MANIFIESTO

Por último, con la moción, el Parlamento de Andalucía muestra su posición favorable a que el Gobierno español cumpla lo dictado por la Unesco en relación al dragado del Guadalquivir, y su compromiso en seguir trabajando para ver cumplida la voluntad adoptada por la Cámara, en noviembre de 2011, por la que se reclamaba la cesión de las competencias sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren íntegramente por Andalucía.

Rechaza igualmente los procesos de privatización de la gestión del agua en Andalucía, por ser un modelo más gravoso para la ciudadanía, medioambientalmente insostenible, escasamente transparente, excluyente y que provoca una absoluta pérdida de control por parte de las administraciones públicas sobre la gestión de este servicio básico.

Además, la Cámara muestra su apoyo y su compromiso para reforzar el control público del agua, se adhiere al Pacto Social por el Agua y rechaza los denominados cánones concesionales.