El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de PSOE-A, Podemos, Ciudadanos e IULV-CA y la abstención del PP-A, la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2013, sobre la que la Cámara de Cuentas advertía de una mejora en las grandes magnitudes presupuestarias y alertaba del incremento de la deuda formalmente reconocida del Servicio Andaluz de Salud (SAS) o saldo de obligaciones pendientes de pago, que han aumentado en un 181 por ciento en relación con el ejercicio anterior, situándose en 1.370 millones.

De igual modo, el Pleno ha aprobado el dictamen que la Comisión de Hacienda y Administración Pública elaboró en relación con la Cuenta General, en el que se insta al Gobierno andaluz a que en los presupuestos de la comunidad para 2016 se informe detalladamente sobre las obligaciones contraídas por concesiones de obra pública, de servicios públicos o de cualquier otra figura contractual que implique el modelo de financiación de colaboración público privada.

En dicho dictamen, aprobado también con los votos a favor de PSOE-A, Podemos, Ciudadanos e IULV-CA y la abstención del PP-A, se insta también al Ejecutivo a que, en el marco del proyecto de Ley del Presupuesto para 2016, emprenda la reorganización de los fondos carentes de personalidad jurídica en la perspectiva de la creación de una Banca Pública andaluza. El PP-A ha defendido ante el Pleno un paquete de 35 propuestas de resolución para su inclusión en el dictamen, ninguna de las cuales ha sido aceptada.

En el dictamen, también se pide a la Junta que regule el empleo de transferencias de financiación en las agencias de régimen especial, resolviendo las contradicciones entre el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta y las leyes de presupuestos.

Se insta además al Consejo de Gobierno a que proceda a retener los pagos de obligaciones reconocidas a favor de terceros que hayan sido beneficiarios de avales extendidos por la Agencia IDEA u otro ente dependiente de la Junta, en el caso de que dichos avales hayan sido ejecutados.

También se reclama al Ejecutivo que ordene el reintegro inmediato a la tesorería general de los fondos recuperados por la Agencia IDEA de avales ejecutados.

Otra demanda consiste en que se revisen los procedimientos de análisis técnico que efectúa la Agencia IDEA para el otorgamiento de avales, para que se incida más estrictamente sobre el análisis empresarial de la viabilidad e idoneidad de los proyectos, y ello redunde en una disminución de las ejecuciones de aval por fallidos.

Asimismo, otras reclamaciones al Ejecutivo consisten en que la Consejería de Hacienda y Administración Pública presente las cuentas individuales y consolidadas de todos los entes empresariales, indicando explícitamente el perímetro y los criterios de consolidación, incluyendo las empresas participadas minoritariamente.

También se pide determinar definitivamente la población de consorcios dependientes de la Junta, con el fin de que sus presupuestos y cuentas anuales sean objeto de control por parte de la administración autonómica y pasen a formar parte del resto de entidades que conforman el Presupuesto y cuenta general.