El parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso, ha manifestado este martes su "inquietud" por el nuevo "escándalo, destapado por 'El Día de Córdoba' y relacionado con el Palacio de Congresos", en cuanto a que dicho equipamiento "cerrará sus puertas al público este jueves", como consecuencia "de la pésima gestión de la Junta de Andalucía en Córdoba".

Ello se debe, según ha explicado Moscoso en un comunicado, a que "la empresa concesionaria" de la explotación del Palacio de Congresos, "Concord OPC, ha visto rescindido su contrato por el impago del canon a la Junta de Andalucía".

Ante esto, el también portavoz de Podemos en la Comisión Turismo y Deporte en el Parlamento andaluz se ha preguntado "¿cuánto tiempo ha estado este empresario sin pagar el canon y cómo la Junta ha mantenido relaciones" con el mismo, "más aún cuando el empresario, Vicente Carmona, expresidente del Consorcio de Turismo de Córdoba, fue detenido por la UDEF el pasado 11 de junio, supuestamente por recibir de manera irregular ayudas para impartir cursos de formación que rondaban los 4,5 millones de euros".

Según ha detallado Moscoso, entre los conceptos que se financiaban con dichas ayudas "se incluían, entre otras cosas, su nómina como director de formación, la nómina de una de sus empleadas y servicios de restauración (por ejemplo, foie por valor de 7.000 euros), a través de una de las empresas de Carmona, Industrias Turísticas de Andalucía".

A Moscoso le resulta "sospechoso que, después de que la UDEF emitiera un informe en marzo de 2012 haciendo constar todos estos hechos, que quedó en manos de la jueza Alaya en el Caso Edu, entre los que se declaraba que los cursos se impartían en ayuntamientos gobernados por el PSOE a través de otra de las empresas de Carmona, Línea Maestra, el Gobierno de la Junta haya mantenido durante estos años la concesión del Palacio de Congresos a este empresario".

Además, la concesión se ha mantenido, según ha indicado el parlamentario de Podemos, "aun siendo público y notorio que en el Palacio de Congresos se celebraban, además, banquetes de bodas y espectáculos de flamenco, actividades que no se encontraban contempladas en el contrato de concesión".

Más allá de las "responsabilidades políticas que puedan derivarse de este escándalo, por el que a partir de este jueves el Palacio de Congresos de Córdoba quedará cerrado al público", Moscoso ha exigido que la Junta de Andalucía, "que era conocedora desde el pasado mes de julio que este desenlace tendría lugar, mantenga abierta al público la oficina de comercialización de congresos del Palacio, así como los servicios básicos de cafetería, audioguías y mercado artesanal". Moscoso ha lamentado "que la Junta no contase con un Plan B, sabiendo que esta situación se iba a producir".

Dada la importancia del turismo de eventos para la ciudad de Córdoba, para Moscoso es "inaceptable que la capital cordobesa pierda su cartera de clientes potenciales de cara al futuro al cerrarse sus oficinas". Por esa razón, propone que la Junta "garantice su apertura al público durante al menos un año, momento en el que se prevé que finalicen las obras de renovación actuales, lo que supondría unos 120.000 euros en concepto de contratación de personal y gastos de mantenimiento de infraestructura y suministros".

Alternativamente, Moscoso también propone que, de forma provisional, "se permita que la gestión recaiga en alguna fórmula cooperativa que permita a sus empleados actuales mantener el servicio" y, "en caso de que la Junta no actúe con urgencia", Moscoso llevará al Parlamento de Andalucía una proposición "que permita mantener el servicio que ofrecía el Palacio de Congresos".