La denuncia del Gobierno sobre Ecomasa se unifica con la querella de los trabajadores

Los servicios jurídicos de Sodercan "tienen instrucciones de personarse" en la causa que instruye el Juzgado nº 5 de Santander
Planta de Nestor Martin en Maliaño
Planta de Nestor Martin en Maliaño
EUROPA PRESS
Planta de Nestor Martin en Maliaño

La Fiscalía ha remitido la denuncia del Gobierno sobre Ecomasa (Nestor Martin) al juzgado que instruye la querella presentada en mayo por los trabajadores de la fábrica de estufas de Maliaño contra los antiguos gestores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, imputados por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

La fiscalía ha notificado este envío a Sodercan, cuyos servicios jurídicos tienen ya "instrucciones de personarse" en la causa que instruye la magistrada Mercedes Compostizo, titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno.

Esta querella, que se presentó cuando la empresa estaba en concurso de acreedores pero aún no había entrado en la fase de liquidación actual, se sustenta en cuatro presuntos hechos delictivos: un delito contra los derechos de los trabajadores, otro de estafa, un tercero por apropiación indebida y, otro más por fraude en la percepción de subvenciones y ayudas públicas.

En lugar de sumarse a la querella de los trabajadores, el Gobierno optó por presentar una denuncia ante la Fiscalía para que investigue los indicios de delito detectados en la auditoría de la empresa y de los que se pueden derivar responsabilidades tanto de los administradores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, como de políticos.

Pero la Fiscalía ha decidido dar traslado de la documentación al juzgado que instruye la querella de los trabajadores, en lugar de abrir un proceso paralelo, algo que ya apuntó la abogada de la parte social, María Teresa Ortíz, quien en declaraciones a Europa Press, ha explicado que está a la espera de que llegue la auditoría para poder estudiarla en profundidad.

El Gobierno quiere que se investigue el destino de los 18 millones de euros de dinero público, que se concedieron a esta empresa desde 2012 a través del Sodercán y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), y también de los 3,2 millones de las indemnizaciones de los 88 trabajadores despedidos de Teka y fueron contratados por Ecomasa.

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