El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes que ha realojado en su centro de acogida de la calle Miguel de Mañara al anciano Juan Bautista y su compañero Valentín, desalojados esta misma mañana de la vivienda que habitaban en la calle Macasta, en pleno casco antiguo, tras ser denunciados por presunto impago de sus rentas de alquiler.

En un comunicado, el Ayuntamiento defiende que "esta respuesta se ha gestionado a través del protocolo antidesahucios, activado el pasado día 22 de septiembre, cuando los servicios sociales del Ayuntamiento tuvieron constancia de esta situación", dado que Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla había emitido previamente dos órdenes de desalojo de esta vivienda, siendo ambas suspendidas hasta consumar este lunes la nueva orden.

"El protocolo antidesahucios ha permanecido activo desde entonces y se ha llevado a cabo un seguimiento personalizado de estos casos en una actuación coordinada a través de la Unidad de Trabajo Social de la zona y la Unidad Municipal de Intervención Social en Emergencia Sociales (UMIES). Gracias a este trabajo coordinado, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de las personas afectadas por esta orden de desahucio los recursos municipales disponibles y más adecuados a las diferentes situaciones que presentan cada una de ellas".

El concejal delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, ha explicado que una vez que "hemos tenido constancia de que el juzgado iba a hacer efectivo el desalojo de este edificio, se ha puesto en marcha todo el dispositivo de soporte para estas personas que ya teníamos previsto". Flores ha recordado que "el gobierno no puede intervenir en una decisión judicial, pero sí puede hacer lo que hemos hecho: poner a disposición de los afectados los recursos municipales disponibles para que no se queden en la calle". "Todo lo que este Ayuntamiento pueda ofrecer va a estar al servicio de personas afectadas por una orden de desahucio para resolver su situación", ha indicado el delegado.

El gobierno local, así, ha defendido que cuenta con una comisión técnica de vivienda coordinada por el área de Bienestar Social y Empleo y Emvisesa y con un "protocolo antidesahucios" que se activa una vez que las personas afectadas comunican su situación en cualquiera de las Unidades de Trabajo Social. Así, "se ofrecen alternativas como ayudas directas o soluciones alternativas con carácter previo al lanzamiento en caso de ser inevitable". De esta forma, solo en los últimos cuatro meses "se han tramitado más de una veintena de realojos en viviendas municipales con informes de excepcionalidad debido a la situación de emergencia social de las familias". Para ello, es imprescindible que los profesionales y colectivos que trabajen con personas con problemas de vivienda notifiquen de forma adecuada esta situación a las Unidades de Trabajo Social.

En los casos en los que no se produce por parte de los afectados una comunicación previa a través de los Servicios Sociales municipales, el Ayuntamiento cuenta con un dispositivo de emergencia a través de la UMIES que realiza informes de urgencia de cada situación y ofrece alternativas de forma inmediata.