El sindicato de enseñanza Ustea ha comenzado a recabar casos de horarios docentes "ilegales" en Secundaria con vistas a presentar una acción judicial por el conflicto originado con el cambio por parte de la Consejería de Educación de la Junta andaluza de la norma reguladora del horario en esta etapa educativa, de tal forma que éste pasa a ser de un máximo de 25 horas, en lugar de un mínimo de 25.

Así lo ha manifestado a Europa Press la responsable de Acción Sindical de Ustea, Purificación Sánchez, que asimismo ha confirmado la presentación de un requerimiento ante la Consejería para reclamar en el plano administrativo una certificación de horarios como paso previo a judicializar el caso.

Sánchez, que ha confirmado que han encontrado casos "incluso de trampas fuera del sistema Séneca", ha señalado asimismo que la central sindical se plantea una denuncia contra la administración regional por "cercenar la información e impedir el trabajo de los sindicatos", ya que lamentan no encontrar facilidades de la Junta respecto a sus pretensiones.

Por este asunto, la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) presentó ya denuncia en Fiscalía, que ha abierto diligencias por el "caos normativo" en el que incurriría la Junta con esta iniciativa.

De su parte, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, informaba en una entrevista a Europa Press de estudios previos con los que se pretendía "ver cómo afectaba, para poner soluciones antes que nada", con lo que se constató la situación, según la cual en la parte de la dedicación regular del profesorado —"en la que el profesor da clase y el alumno la recibe"— hay una parte de la docencia de 20 horas, alargada desde 18 por decreto de 2012; otras cinco de dedicación reglamentada a aspectos como tutorías o consultas; y hasta 30 horas de permanencia en el centro.

"Ahí se vio que era factible, que no se creaba ninguna catástrofe y que se podía llevar a cabo perfectamente. Lo único que ha habido que hacer es algún arreglo en esas cinco horas de dedicación regular", ha manifestado De la Calle, que cree que la medida supone mejorar las condiciones laborales y asegura colaboración con la Fiscalía.