La Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) ha pedido hoy el fin del "cobro injusto" del impuesto de plusvalía en las viviendas, y naves empresariales, que han sufrido una devaluación en su precio.

El secretario general de CPAR, Juan Ramón Liébana, y el presidente de la Comisión de Promoción, Miguel Ángel Garrido, han ofrecido una rueda de prensa después de que se haya condenado al Ayuntamiento de Logroño por cobrar plusvalías en terrenos devaluados.

A juicio de esta entidad, "no se pueden consentir que, además de pasar por situaciones económicas que bordean la exclusión social, el Ayuntamiento les diga a los ciudadanos que tienen que pagar porque han tenido plusvalías".

Así, considera "ridículo desde un punto de vista técnico e inmoral y desde un punto de vista humano" que, tras una ejecución hipotecaría, un desahucio o la venta de una vivienda por debajo del precio de compra se cobre un impuesto por una "ficticia" revalorización del inmueble.

"Basta ya de poner impuestos a las viviendas", ha dicho Garrido al tiempo que ha señalado: "Si no tenemos empresas, difícilmente podemos iniciar el ciclo de la recuperación económica".

Desde CPAR se ha animado a que se impugnen las liquidaciones que se practiquen por este impuesto cuando no haya existido una plusvalía en la transmisión.

En este sentido, en la web www.cpar.es todos los ciudadanos y empresas que lo deseen tienen un modelo de reclamación de las plusvalías indebidamente cobradas.

CPAR ha alabado la "acertada interpretación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Logroño", y ha anunciado que "esta misma semana se espera un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que por ello va a marcar la doctrina jurisprudencial aplicable en La Rioja".

"Se trata de una situación indigna porque muchos ciudadanos han tenido que hacer frente al pago de plusvalías ficticias sin posibilidad de poder recurrir ante los tribunales por falta de medios económicos", ha indicado.

CPAR ha confiado en que "los responsables municipales de los Ayuntamientos de La Rioja tomen buena nota de la jurisprudencia y dejen de gravar a los ciudadanos y a las empresas girando al cobro unas plusvalías ficticias e injustas".

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