El alcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de El Turro (Granada), Juan Miguel Garrido (IU), ha denunciado ante la Guardia Civil haber sido víctima de una agresión por parte de un vecino cuando se encontraba comprobando el origen de una toma ilegal del suministro de agua en cumplimiento de un requerimiento judicial.

Los hechos, que han sido puestos en conocimiento del Juzgado, podrían ser constitutivos de un delito de atentado contra la autoridad, según se desprende de las diligencias realizadas por la Guardia Civil, a las que ha tenido acceso Europa Press.

La supuesta agresión tuvo lugar en la mañana del pasado viernes, cuando, en cumplimiento de un exhorto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Loja, el alcalde se personó en la plaza Horno de la localidad junto a técnicos de la empresa Adecua con el objetivo de hacer el seguimiento de una tubería que podría estar captando de manera ilegal agua del suministro público.

En las comprobaciones también estuvieron presentes, tras ser citados por el mismo Juzgado, el presunto agresor, que estaba acompañando a su hermano y el abogado de éste.

Los técnicos detectaron la existencia de una tubería ilegal debajo de la plaza que llegaba hasta el interior de un bar de la localidad. Mientras el regidor estaba supervisando los trabajos, el presunto agresor se abalanzó contra él y le agredió en la espalda, dándole un fuerte empujón y propinándole luego varios empujones más a fin de echarle del establecimiento, consiguiendo su propósito.

El alcalde, que ha sufrido una "fuerte contractura", afirma sentirse "desprotegido" e impotente, pues este pequeño municipio no cuenta con Policía Local y los hechos se produjeron cuando estaba haciendo cumplir un requerimiento judicial.

De hecho, Garrido ya remitió en su día un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Granada alertando de que se sentía "amenazado" por la familia del presunto agresor en el ejercicio de su profesión.

El regidor lamenta que se produzcan este tipo de situaciones y ha reclamado medidas para garantizar la seguridad de los responsables públicos en las pequeñas localidades que, como esta, no tienen capacidad financiera para contar con Policía Local.

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