La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, ha explicado la situación en que se encuentran tres de los cerca de 50 expedientes de restablecimiento de la legalidad ambiental existentes en la actualidad, indicando que "se trata de expedientes que afectan directamente a los ciudadanos, existe una preocupación en la población y por parte de los ayuntamientos implicados, y para la Consejería son una prioridad". Asimismo, ha subrayado que "como órgano ambiental competente, queremos que la transparencia impere".

Así, respecto al expediente a Proambiente por el vertedero de Abanilla, la consejera ha asegurado que "vamos a garantizar el desarrollo de las actuaciones necesarias para la restauración del vertedero, sin que cueste un euro a los murcianos". Los trabajos de recuperación se ejecutarán de forma subsidiaria con el rescate de los avales y fianzas depositadas por la empresa.

En este sentido, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente está realizando todas las acciones que marca la ley para la recuperación de la zona ocupada por el vertedero, y notificó el 6 de octubre la suspensión cautelar de la actividad de la planta de tratamiento.

La consejera ha explicado que "se ha constatado que el avance de la restauración de los vasos no autorizados y de las zonas afectadas en el Lugar de Importancia Comunitaria Sierra de Abanilla se han retrasado respecto del cronograma aprobado en 2013, de forma que se han iniciado las actuaciones administrativas para la ejecución subsidiaria de las actuaciones previstas en el plazo más corto posible".

La titular de Agua, Agricultura y Medio Ambiente ha subrayado que se ha propuesto que "la Administración regional se persone como parte afectada en el procedimiento penal seguido en el Juzgado de Cieza contra esta mercantil, con la finalidad de asegurar la defensa de los intereses públicos y el medio ambiente".

Además, Martínez-Cachá ha recordado que el 28 de septiembre de 2011, por Resolución del Director General de Medio Ambiente, en base a las actuaciones técnicas realizadas que ponían de manifiesto la existencia de vertidos no autorizados, incontrolados y sin tratamiento previo, que además habían afectado al Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Abanilla, se ordenó a Proambiente la suspensión de la actividad de vertedero de residuos sólidos urbanos.

De esta manera, se impedía a esta empresa realizar cualquier vertido y eliminación de residuos en este emplazamiento ubicado en el paraje de la Solana. Asimismo, se le instó a que presentara un proyecto de sellado y restauración ambiental que incluyera los costes de mantenimiento y vigilancia ambiental del vertedero una vez clausurado por un periodo no inferior a 30 años, en cumplimiento del RD 1481/2001, de 27 de diciembre.

El 3 de abril de 2013 fue dictada una Resolución por la Dirección General de Medio Ambiente que aprobaba el proyecto de restauración de este vertedero, así como las medidas compensatorias necesarias para recuperar la integridad del LIC y los planes de vigilancia y control post-clausura y de gestión y eliminación de lixiviados.

Todo ello con el objetivo de restaurar, recuperar y reparar los daños medioambientales provocados. En dicha Resolución se ordenaba a la mercantil el inicio de las actuaciones en el plazo máximo de un mes, y el establecimiento de una garantía de ejecución del proyecto que ascendía a una valoración de casi 3,5 millones de euros, según la valoración técnica realizada.

Expediente a befesa

Respecto a la situación del vertedero de residuos industriales de la empresa Befesa, la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente ha señalado que "en la actualidad no hay actividad alguna". Al respecto, ha recordado que el 16 de junio de 2015 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería propuso la suspensión de la actividad en el vertedero, y se notificó formalmente a la empresa el 16 de septiembre.

Asimismo, la Comunidad ordenó a la empresa que procediese a la entrega de los bidones ubicados en su almacén de transferencia a un gestor final de residuos autorizado. En este sentido, ha constatado que "el cierre estará vigente hasta que la administración ambiental apruebe las actuaciones y medidas encaminadas a subsanar los defectos detectados y se verifique su cumplimiento".

La declaración de impacto ambiental del vertedero fijó una capacidad máxima de 550.000 metros cúbicos. No obstante, las investigaciones que realizaron los técnicos, para las que utilizaron un dron para obtener imágenes de la planta, permitieron descubrir que la empresa enterró en su centro de gestión de residuos de Cartagena 761.094 metros cúbicos desde 1997 hasta 2015, lo que supone un 40,2 por ciento más del volumen máximo autorizado.

Por último, la consejera ha abordado la situación de la empresa Derivados Químicos. En este sentido, ha apuntado que "en julio de este año, por primera vez, se pudo constatar que se superaron los valores límites de las emisiones de esta empresa, y el pasado 17 de septiembre se inició el procedimiento para la suspensión de la actividad, resolución que fue notificada a la empresa el pasado 5 de octubre, y ahora la empresa tiene de plazo hasta el 17 de octubre para presentar alegaciones".

Martínez-Cachá ha resaltado que "gracias al proyecto SINQLAIR, Sistema de Diagnóstico y pronóstico de la Calidad del Aire, ha sido posible que con 48 horas conozcamos el origen de los olores que alertaron a la población el pasado martes en el municipio de Alcantarilla". De esta forma, ha añadido, "vamos a poder actuar en la búsqueda de las soluciones con la máxima celeridad".

En este proyecto trabaja la Consejería más de cuatro años, en colaboración con la Universidad de Murcia, y es una de las principales medidas que incorpora el Plan Regional de Calidad del Aire, que se encuentra en tramitación.

El plan propone medidas para facilitar la recepción de la información por parte de las empresas y permitir, de manera gratuita, la modelización de sus emisiones y su contribución a la calidad del aire.

El objetivo, según explican fuentes del Ejecutivo regional. es que en los casos de nuevas inversiones se pueda mejorar la toma de decisiones en cuanto a ubicaciones y medidas a adoptar, lo que se espera pueda contribuir a una mayor agilidad a la hora de conseguir las autorizaciones ambientales.

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