La consellera de Enseñanza en funciones de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau, desvinculó este martes a su departamento y a todo el Govern de la conocida como 'consulta de las urnas de cartón' celebrada el 9 de noviembre de 2014, después de que el Tribunal Constitucional prohibiese a Artur Mas la celebración de un referéndum sobre la posible independencia de Cataluña.

Rigau, imputada por un delito de desobediencia que conllevaría su inhabilitación, compareció durante una hora como responsable última de los colegios e institutos públicos, que ese día abrieron para facilitar la votación. La dirigente contestó a las preguntas del juez y de su defensa, no así a las de la Fiscalía y los abogados de la acusaciones populares.

Durante su comparecencia, declaró que la Generalitat no cedió las instalaciones públicas para la consulta. Aunque admitió reuniones con grupos de directores, aseguró que únicamente se les comunicó que podían ceder las instalaciones como punto de votación, si así lo estimaban. "Tengo la conciencia tranquila. No he hecho nada negativo. Cumplí con un mandato del Parlament", aseguró.

Rigau detalló que, una vez el Constitucional suspendió el decreto mediante el que Mas convocó su consulta oficial, la Generalitat decidió "parar máquinas". Toda la organización de la votación alternativa, insistió, quedó en manos de voluntarios. Si la Generalitat no detuvo esta segunda iniciativa, justificó, fue porque no sabía qué consulta había ordenado suspender el Constitucional, a quien se le solicitó una aclaración que nunca llegó, según la acusada.

Su departamento, recalcó, no firmó ni transmitió instrucciones a los centros educativos. En su lugar, remitió a los directores a la web 'Participa', donde los grupos pro independencia coordinaban la gestión de las instalaciones públicas para el 9-N. A pesar de ello, reconoció que en la consulta se utilizaron ordenadores nuevos comprados con dinero público para los colegios e institutos.

Rigau llegó a declarar poco antes de las 10.00 horas acompañada por los miembros del Govern catalán en funciones, por los diputados de la candidatura  independentista Junts Pel Sí y de la CUP, entre otros. La comitiva fue recibida en la Avenida Lluís Companys por más de un centenar de personas al grito de "¡Independencia!".

Entre los que arroparon a la política de Convergència Democràtica de Catalunya se encontraban varios consellers y altos cargos de su departamento, el cantante Lluís Llach; el número 1 de la candidatura Junts Pel Sí, Raül Romeva; el líder de la CUP en el Parlament, Antoni Baños, la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y el dirigente de CDC Jordi Turull. La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ostentó la máxima representación institucional, ya que Artur Mas no hizo acto de presencia.

Al llegar al Palau de Justicia, Rigau y el resto de asistentes aplaudieron a los concentrados, que, con las banderas esteladas en alto,  les dedicaron consignas como "No tengo miedo" y "Poner las urnas no es delito", además de la canción de 'Els Segadors', himno de Cataluña.

"Es incomprensible e inadmisible que en un Estado de derecho por poner las urnas a una persona se la impute y se la procese", criticó este martes Raül Romeva, cabeza de lista de Junts Pel Sí. Marta Rovira (ERC), añadió a las puertas del TSJC que los imputados promovieron la votación del 9-N "para preservar el derecho a decidir".

Tras la declaración de Rigau, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, acudió a declarar "muy tranquila" como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la consulta alternativa del 9-N, arropada por casi todos los consellers del Govern y miembros de la candidatura de Junts pel Sí.

La exvicepresidenta y exconsellera de Gobernación, de UDC, ha entrado en el TSJC flanqueada de su abogado, Rafael Entrena, y varios consellers de la Generalitat, entre ellos la de Enseñanza, Irene Rigau.

El TSJC admitió el pasado 29 de septiembre (dos días después de las elecciones autonómicas "plebiscitarias") siete querellas y una veintena de denuncias por el "proceso participativo" celebrado el 9-N y respaldado por la Generalitat para conocer la opinión de los catalanes acerca de una posible independencia.

Además de Rigau, están imputados en la causa el president Artur Mas y la ex vicepresidenta Ortega. La Fiscalía les acusa de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, delitos penados, todos ellos, con penas de inhabilitación.

La declaración con mayor impacto será la de Mas, que deberá comparecer el 15 de octubre, aunque podría hacerlo en su despacho, como establece la ley. El líder de CDC aún no cuenta con el apoyo de la CUP, imprescindible para formar gobierno tras las autonómicas del pasado 27 de septiembre. A pesar de ello, la formación independentista quiso apoyar a los imputados por considerar este proceso judicial un ataque al derecho a decidir de los catalanes.