El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha advertido de que el Gobierno central "está prometiendo a Bruselas la reducción del déficit" mediante "la rebaja del precio del dinero" porque "tiene que pagar menos para financiar la deuda" y con "el ahorro a costa de los desempleados". Por su parte, secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha apostado por una reforma "en profundidad" del sistema público de protección social.

Así lo han manifestado en Zaragoza, en rueda de prensa, donde han presentado a Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la renta mínima para personas sin recursos.

Méndez ha explicado que "cada día hay menos trabajadores que cobran el desempleo" y los que lo hacen perciben "un 28 por ciento menos que lo que se cobraba hace cuatro años", tras un recorte presupuestario de 10.000 millones de euros en este ámbito, ha apuntado.

Ha añadido que la actual norma "facilita a los gobiernos esa labor", con 2,3 millones de parados de larga duración "que llevan más de dos años en paro y no cobran el desempleo", una situación que "hay que corregir", con acciones como ampliar el periodo de percepción.

De esta forma, ha coincidido con el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, quien ha apostado por una reforma "en profundidad" del sistema público de protección social en la próxima legislatura, después de que "se ha visto durante la crisis que tiene claras insuficiencias de cobertura".

Fernández Toxo ha explicado que el sistema actual se desarrolló "en la fase de la reconversión industrial" para "atender situaciones de crisis de duración más corta". A esto se suma que en julio de 2012, una "reforma unilateral" del Gobierno "redujo las posibilidades de ingreso a los subsidios, sobre todo los de mayores, y estableció más rigor en la prueba de rentas", entre otras medidas.

Esto hace que "la inmensa mayoría de las personas que llevan entre uno y cuatro años en el desempleo no tienen posibilidad de acceder a las prestaciones, bien porque las han agotado o bien porque no han generado en su contribución derechos suficientes".

MEDIDAS

El secretario general de CC.OO. ha apostado por reformar el sistema para que las prestaciones se prolonguen de los máximos dos años actuales a los tres y en "intensidad", ya que existe una diferencia "muy fuerte" entre cuantía que percibe la persona en paro respecto al último salario que ha percibido, "sobre todo a medida que va avanzando el tiempo", que "conduce a la gente a situaciones de pobreza extrema".

Asimismo, ha sostenido que "deben revisarse los subsidios y el acceso a mayores de 45 años" y así "aprender algunas lecciones que deja esta crisis sobre nuestro sistema de protección".

Fernández Toxo ha argumentado que "aunque se haga esa reforma, será insuficiente" y deberá establecerse una renta que garantice ingresos mínimos a las personas, objetivo de la ILP que han presentado este miércoles en Zaragoza, y para la que quieren lograr las 500.000 firmas mínimas necesarias para que se tramite en el Parlamento antes de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre para que sea una de los primeros textos que se debata en el Congreso la próxima legislatura.

Toxo ha remarcado que la ILP propone "la creación de un nuevo pilar de protección social para evitar a futuro lo que hoy ya es una realidad en España, que la última red de protección de las personas es la pensión de los abuelos y las abuelas".

A su entender, "lo que no cubre el sistema público, lo cubren los ingresos de los pensionistas", quienes "después de una larga trayectoria laboral" que les debería permitir "transitar por esta última fase de su vida de la forma más adecuada, tienen que destinar gran parte de los ingresos a atender las necesidades de sus hijos y de sus nietos".

BENEFICIARIOS

Los sindicatos han estimado que el número de beneficiarios de la renta mínima sería de 2,150 millones de personas, de ellas casi millón y medio mujeres, mientras que en Aragón podría llegar a 41.000 personas y unas 20.000 familias.

Concretamente, la propuesta es una prestación de ingresos mínimos que garantice la percepción del 75 por ciento del equivalente al Salario Mínimo Interprofesional a las personas que están por debajo del umbral de la pobreza, en edad laboral —de los 18 a los 64 años—, que no tengan empleo y tenga unas rentas inferiores a 5.837 euros al año.

El coste de aplicar esta renta mínima sería de 11.000 millones de euros "en el momento más álgido" que se iría reduciendo conforme se redujera el paro, una cifra que "no llega al 10 por ciento de lo invertido en salvar empresas, bancos y otras entidades", para enfatizar que "ahora se trata de salvar a las personas".

Cambio del ciclo político

El secretario general de UGT ha explicado que aprecian una "predisposición" a atender su propuesta por parte de todos los partidos políticos con representación en el Congreso y también a los emergentes que no la tienen por lo que se ha mostrado optimista sobre el futuro de su iniciativa.

Además, ha estimado que "estamos ante un cambio de ciclo político y, al menos, hay un factor que sí se va a producir, que se van a acabar las mayorías absolutas, y por lo tanto la lógica del ordeno y mando va a tener que ser sustituida por el diálogo y el buen gobierno" por lo que "se abre un escenario favorable a este tipo de iniciativas".

También ha criticado la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por parte de un Gobierno, cuando los deberá gestionar otro y los ha considerado como una "tirita o menos para contener la hemorragia que suponen el paro, la precariedad y el deterioro de los servicios públicos".

Por su parte, Toxo ha recordado que se celebra este miércoles el Día Internacional por el Trabajo Decente con el lema 'Stop a la avaricia empresarial. Empleo precario igual a pobreza y crecimiento de la desigualdad', algo que en España "se cumple a rajatabla".

En este punto, ha esgrimido que si bien, "en las proximidad de las elecciones, el Gobierno trata de dar por zanjada la crisis", las "secuelas" de ésta "están muy presentes", aunque se haya "dejado atrás la recesión".

En su opinión, "solo se podrá certificar" que ha concluido "cuando el país y su gente recuperen los estándares de calidad de vida que tenía antes del inicio de la misma y esto está lejos de ser logrado".