Gente esperando al autobús
Una foto de trabajadores esperando para subir al autobús que los lleve al trabajo. GTRES

España es el único país europeo que carece de una Ley de financiación del transporte colectivo urbano, lo que impide diseñar un modelo homogéneo y dificulta la planificación de los servicios a medio o largo plazo.

Así lo ha puesto de manifiesto la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), y en una entrevista, su presidente, Miguel Ruiz ha afirmado que esta carencia es "un problema histórico" frente a otros países de la UE que lo tienen resuelto hace más de 40 años.

"Necesitamos unas reglas básicas que permitan financiar este sistema de explotación, el del transporte, que ni siquiera cuenta con un sistema homogéneo para todas las ciudades", ha reiterado Ruiz, que ya ha trasladado esta necesidad a la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados.

Esta problemática y la introducción de nuevas tecnologías al servicio han sido debatidas estos días en Cáceres, ciudad que ha acogido el XXII Congreso Nacional de la ATUC.

El actual sistema de financiación, sustentado en las tarifas que pagan los usuarios y en las aportaciones que realizan las administraciones públicas, presenta "muchos defectos".

A pesar de su carácter estratégico y de "ser uno de los pilares del Estado de Bienestar Social", como así lo ha definido Ruiz, el sector precisa de una ley que le permita planificar, innovar y adaptarse constantemente a la nueva realidad social.

Sin embargo, y aún con estas dificultades, las empresas gestoras de los transportes urbanos colectivos, entre las que figuran las de autobuses, metros, tranvías y ferrocarriles de cercanías, han "aguantado" la crisis con calificación cum laude.

"Con más o menos problemas de tesorería, con más o menos autobuses de última generación, pero hemos dado la talla en la época de crisis, pues somos un servicio público y la ciudadanía necesita que sigamos prestando el servicio", ha afirmado el presidente de esta patronal.

Aunque en España hay dos leyes que impulsan el transporte público -la Ley de Bases de Régimen Local, que obliga a los ayuntamientos de más 50.000 habitantes a que presten el servicio de transporte urbano; y la Ley de Ordenación de transportes terrestres-, en ninguna se hace referencia a la financiación.

Competencias delegadas

Si bien las competencias del transporte público las tiene el Estado, éstas han sido delegadas a las comunidades autónomas y, a su vez, son los ayuntamientos los que crean mecanismos para la prestación de los citados servicios.

De hecho, la mayoría de las empresas del transporte urbano están en mano de los ayuntamientos, mientras que las comunidades autónomas se han centrado más en metros y tranvías.

En el caso de los ayuntamientos, a excepción de Madrid, Barcelona y Canarias, que tienen "un contrato-programa" con el Estado, reciben una subvención estatal al déficit de explotación con la que apoyan a sus empresas de transporte y, si es privada, mediante un contrato.

En 2014, los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes —a excepción de los ya citados— recibieron unos 50 millones de euros, cuyo reparto se establece a partir de tres porcentajes: un 5 % en función de la longitud de la red, otro 5 % en base a la demanda de viajeros y un 90 % para el déficit medio por billete.

Tres criterios, que para UPTA, ya no son válidos, pues el número de ciudades con más de 50.000 habitantes ha crecido y, por tanto, en el reparto entran más ayuntamientos, y la aportación del Estado no ha crecido en términos nominales.

Frente a ello, el contrato-programa otorgó 126 millones de euros a Madrid, 94 a Barcelona y 25 a Canarias. "La desigualdad es evidente", ha agregado Ruiz, cuya asociación tiene claro que el transporte público no puede ser gratuito "para todo el mundo".

"Eso es una quimera", ha remarcado. "Los ciudadanos quieren unos servicios de calidad y quieren pagar por lo que cuesta a un precio competitivo, de ahí la necesidad de la subvención", ha añadido.

Lo que no parece una quimera es que a medio plazo, "no sé si será dentro de cuatro o diez años, por decir unas cifras", desaparezca la posibilidad de abonar en efectivo el billete a la hora de acceder al medio de transporte.

La totalidad de las empresas han introducido numerosos sistemas de pago, desde los bono-transportes, con tarjetas por contacto o sin contacto, a los teléfonos móviles, entre otras.