El titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago, Roberto Soto, ha pedido al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que realice un reconocimiento judicial y forense de Andrea, la niña de 12 años con una enfermedad degenerativa e irreversible cuyos padres han solicitado una muerte digna.

En una providencia dictada con fecha 1 de octubre, tras una comunicación de la Gerencia de Gestión Integrada del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), el juez solicita al Imelga que determine si la paciente está o no en estado terminal. Asimismo, también reclama al Instituto un informe sobre si el procedimiento pautado por el servicio de Pediatría del CHUS "es extraordinario o desproporcionado" a las perspectivas de mejoría de la paciente y si "produce dolor y/o sufrimiento desmesurado a la misma".

El Imelga debe explicar "si en su caso las medidas de soporte vital pautadas conducen a una prolongación innecesaria de la agonía de la paciente y/o mantiene a la misma la vida en forma penosa, gravosa y artificial".

El juez anuncia en la providencia que, una vez que se realicen las citadas pruebas y y analice el informe médico forense, citará a los progenitores de la menor, que en días previos habían manifestado su intención de acudir a los tribunales si no se atendía su petición. Los padres solicitan que a la niña se le retire el soporte vital que la alimenta artificialmente y que la mantengan sedada para evitar su sufrimiento hasta el momento de su fallecimineto.

El servicio de Pediatría del hospital había basado sus decisiones en la respuesta recibida a través de un auto previo del mismo juzgado, emitido en el mes de julio. Sin embargo, dos meses después, el pasado 14 de septiembre, un informe del Comité de Ética asistencial de Santiago, que aglutina a los hospitales de la zona, daba la razón a los padres y recomendaba retirar las máquinas que dan soporte vital a la niña. El informe, que fue solicitado por el mismo servicio de pediatría, recomendaba también ofrecer el apoyo de profesionales para pacientes en situación de cuidados paliativos.

La gerencia de CHUS, donde la niña permanece ingresada desde junio, afirmó ayer que han decidido hacer la consulta judicial para saber si tienen que llevar a cabo "alguna actuación o modificación" del plan que se sigue con la menor y que el juez respaldó el pasado julio.

Galicia aprobó en julio una avanzada ley de derechos y garantías de enfermos terminales, que entró en vigor en agosto. Tramitada por iniciativa del PSdeG y aprobada por unanimidad, regula la asistencia en el proceso de muerte de los enfermos terminales en los centros hospitalarios.