La responsable estatal de Derecho a la Información y Libertad de Prensa de Podemos, Esther Sanz, ha abogado este jueves por que el proyecto de Ley Audiovisual presentado por la Junta de Andalucía incorpore "medidas de protección de los profesionales de la comunicación".

Así lo ha puesto de manifiesto al lamentar en un comunicado que el proyecto de dicha ley "no atienda las reivindicaciones del sector y olvida la incorporación en su articulado de medidas de protección de los profesionales de la comunicación, manteniendo la precaria situación del empleo sin medidas concretas".

Asimismo, también "preocupa" a Podemos la "falta de concreción de la ley en relación a la participación de la sociedad civil en el audiovisual andaluz a través de un Consejo de Participación sin competencias definidas".

En este sentido, desde Podemos se califica de "contradictorio" que la Junta de Andalucía "plantee la reducción del número de integrantes del Consejo Audiovisual y de la RTVA cuando en esta ley propone crear otro organismo", y "recogiendo las recomendaciones del Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía", desde la formación morada piden que "se modifique el Consejo Audiovisual para dejar entrar a la sociedad civil en su seno, como ocurre en otros países europeos".

Las declaraciones de la dirigente granadina de Podemos se han producido durante el encuentro mantenido con representantes del mencionado Foro Andaluz, dando así comienzo a "la ronda de consultas con la sociedad civil" de cara a la elaboración del programa electoral de Podemos para las elecciones generales.

En este sentido, la también secretaria de Estrategia Discursiva de Podemos Andalucía ha destacado "la vital importancia" de que la ciudadanía y organizaciones civiles "se involucren e incidan en la vida política a través de su participación en la elaboración de programas electorales y leyes".

Según Esther Sanz, el trabajo realizado por el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía es "un ejemplo a seguir", pues "ha conseguido involucrar a organizaciones sociales, sindicatos, colectivos y ONG, para encauzar las demandas de la sociedad civil y orientar la Ley Audiovisual a través de la inclusión de varias medidas" en dicha norma.