La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha vuelto a pedir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) la suspensión cautelar urgente del Plan de Sostenibilidad Energética (PSEC) y de los parques eólicos en tramitación. Además, ha exigido la dimisión del presidente, Miguel Angel Revilla, y los consejeros Juan José Sota y Francisco Martín, y ha anunciado que pedirá responsabilidades penales al consejero de Industria.

La plataforma considera "delictiva" la actuación del titular de Industria, Francisco Martín, quien el pasado viernes anunció en el Parlamento que hay 14 proyectos de parques eólicos en tramitación, con una potencia solicitada de unos 600 megavatios, y otros 17 que son competencia del Estado -por afectar a dos provincias o tener más de 50 MW de potencia-

La plataforma ha denunciado este jueves en rueda de prensa que de esos 14 proyectos, que suman 600 de los 700 megavatios que como máximo prevé el PSEC, sólo uno ha salido a información pública y del resto, "no teníamos ni la más remota idea". Asimismo, ha censurado que esos parques figuran como "vigentes" en un plano elaborado por la propia Dirección General de Industria.

Según ha anunciado el abogado Fernando Merodio, la plataforma acudirá al Fiscal Anticorrupción al entender que la actuación de Martín "puede ser constitutiva de varios delitos: prevaricación, tráfico de influencia,... y sobre todo delito ecológico, porque está echando a los pies de los caballos al Sur de Cantabria", ha dicho.

Para el abogado Fernando Merodio, la forma en que el Gobierno está tramitando los parques eólicos constituye "un desprecio a los ciudadanos, una burla y una desfachatez", más aún teniendo en cuenta que todos los proyectos excepto uno se localizan en el Sur de Cantabria, "donde vive la gente más débil", y que "en total nos vamos casi a 2.000 megavatios" (contando los que tramita el Estado aunque algunos coinciden).

"No van a caber las personas, sólo va a haber molinos", ha dicho Merodio, quien ha denunciado que algunas ubicaciones coinciden con sondeos de fracking. En la misma línea, el presidente del colectivo, José Miguel Martínez Postigo, ha dicho que la instalación de un millar de molinos en el Sur de Cantabria es "inasumible para las personas que viven allí.

"Nos vamos a tener que marchar", ha dicho, tras reiterar que esta situación es consecuencia de la falta de planificación territorial, que en su opinión ha de realizarse tanto en Cantabria como con las provincias colindantes.

Recurso contencioso administrativo

La Plataforma en Defensa del Sur anunció en octubre de 2014 la presentación de un recurso contencioso administrativo contra el Plan Energético y solicitó como medida cautelar la suspensión del PSEC, suspensión que les ha sido denegada. Merodio ha denunciado que pasado un año, la Administración ni siquiera ha contestado a la demanda.

La plataforma, que ya había recurrido la denegación de la suspensión cautelar del plan, después de las declaraciones de Martín en sede parlamentaria ha vuelto a presentar un recurso ampliando ante el TSJC las razones de tal suspensión y su máxima urgencia.

En ellas alega que la ordenación, "aquí inexistente, debe preceder a la implantación de los parques"; que no existe Plan de Ordenación del Territorio ni plan eólico; que no hay informe de sostenibilidad ambiental sometido a información pública; y tampoco se ha llevado a cabo evaluación ambiental estratégica del plan, porque pretenden que la evaluación de impactos se realice parque a parque.

Merodio ha afirmado que había más ordenación y planificación en el Plenercan 2006-2012 y en el anulado concurso eólico que en el Plan de Sostenibilidad Energética 2014-2020. Por ello, ha reclamado la dimisión de Revilla, Sota y Martín, "culpables del concurso eólico que ahora vuelven con algo peor", ha dicho.